El Parlamento Europeo ha votado en favor de Data Act (la Ley de Datos), una parte de la que es la necesidad de incluir un interruptor de urgencia (kill switch) en la funcionalidad de los contratos inteligentes.
El Parlamento Europeo ha aprobado Data Act (la Ley de Datos), un extenso proyecto de ley de protección de datos que incluye reglas para el intercambio, la protección y la difusión de datos. Uno de los puntos discutidos del proyecto de ley es la incorporación de la posibilidad de alterar los contratos inteligentes en caso preciso.
Así, el texto del documento aprobado establece que los contratos inteligentes deben tener una función de “kill switch” (interruptor de apagado), que dejará suspender su trabajo, reiniciar acciones individuales o cerrar todas y cada una de las operaciones por completo. De este modo, los legisladores europeos sencillamente solicitan que la tecnología se vuelva controlable, lo que contraría de manera directa los principios básicos de la descentralización y la tecnología de los contratos inteligentes.
Cabe resaltar que el documento no detalla en qué condiciones y quién va a decidir precisamente sobre la suspensión de los contratos inteligentes. Sin embargo, los funcionarios insisten en que tal posibilidad ha de estar prevista.
Tras la publicación inicial del texto del proyecto de ley, la comunidad local de blockchain dio la voz de alarma, argumentando que emplear contratos inteligentes de redes públicas de blockchain en tal caso sería simplemente ilegal. Sin embargo, la Comisión Europea argumenta que el proyecto de ley no guarda relación con blockchain y que los miedos de la comunidad son inmotivados.
Para que la ley entre en vigor, debe pasar por el voto del Consejo Europeo, esto es, los veintisiete estados miembros de la Unión Europea deben aprobar el proyecto de ley.
Recordemos que los legisladores europeos están desarrollando activamente un marco regulador para las tecnologías renovadoras. En específico, el proyecto de ley MiCA que regula las actividades de las criptoempresas fue aprobado por el Parlamento Europeo y va a entrar en vigor el próximo año.
