Pese al estruendos político interno, las vicepresidentas españolas cuajan pactos europeos en Bruselas, conforme la activa tradicional: en algún punto intermedio entre sus objetivos máximos y los recelos de determinadas capitales.

Teresa Ribera consiguió el diecisiete de octubre convenir en el Consejo una reforma del mercado eléctrico. Aspiraba a una modificación seria del sistema marginalista de fijación de costes eléctricos.

No lo consiguió, mas sí un mecanismo más diligente para la declaración adelantada de una crisis de costes que deje fijarles encuentres temporales o subsidios a hogares y pequeñas y medianas empresas.

Amén de medidas de promuevo a las renovables y contratos en un largo plazo que reduzcan la volatilidad de costes al consumidor, los cargos indignos y más garantías. El pacto del Consejo pasó al prescriptivo cedazo del “trílogo”, una negociación con la Comisión y el Parlamento.

Nadia Calviño lidia con el asimismo picudo tema de las reglas fiscales o reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) antes que su suspensión concluya en el primer mes del año y se restituya tal como su obsoleta, salvaje y minuciosa redacción actual.

El jueves consiguió el plácet a su tercer documento de trabajo —cada uno más detallado que el previo—, al que solo falta rellenar ciertas casillas, si bien claves, para escribir el proyecto de reglamento y pasarlo después a su pertinente “trílogo”.

La aspiración máxima (pública) de la presidencia de España era sostener íntegro el proyecto de la Comisión: rutas personalizadas por países, pactadas con cada uno de ellos de ellos, para ajustar —a la baja— la deuda disparada en las últimas crisis; aplicables en cuatrienios en vez de por anualidades. Y sin objetivos numéricos (porcentajes comunes) de reducción.

Quedan aún ciertas asambleas del Ecofin ya antes del acuerdo final. Pero por el momento, Francia y Alemania ya han convergido sobre la arquitectura del pacto. O sea, los países que encabezaban los dos polos alejados, el de la parquedad y el de la flexibilidad.

La urdimbre del acuerdo radica en rematar una reforma menos recia y austeritaria que el presente PEC. Mantendrá el esquema de la Comisión, mas lo endurecerá fijando cifras comunes a la rebaja de la deuda, vía reducción del déficit a menos del tres%. Con jalones alcanzables tras 4-7 años, e inclusive más, mas comenzando desde el principio. Berlín solicita una cantidad más exigente en el tres%; París ofrece un mínimo razonable. Casilla en blanco.

A cambio, va a haber una cláusula de oro de la inversión. Se descontará del cómputo para el déficit el gasto dedicado a defensa y se tendrá presente la cofinanciación estatal de proyectos europeos y el ahínco en los planes de restauración (la pata de créditos) para ampliar el calendario de consolidación.

Es menos que el mejor sueño; más que la peor pesadilla. En principio.

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