La reciente orden de un juez federal ha traído consigo un respiro para miles de inmigrantes en los Estados Unidos. Este fallo bloquea la implementación de políticas del gobierno de Donald Trump que presentan nuevas barreras para las solicitudes de asilo y revocan los permisos de trabajo de aquellos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión, tomada el martes por el juez de distrito Nathaniel Gorton, se considera un alivio transitorio para aquellos que aún cuentan con autorizaciones laborales vigentes y estará en vigor hasta el 5 de agosto, momento en el que se determinará su futuro.
La medida responde a una demanda por parte de una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes, quienes impugnaron ciertos aspectos de la “Gran y Hermosa Ley”, promulgada por Trump en julio de 2025. Entre las restricciones cuestionadas se encuentran la imposición de tarifas para la solicitud de asilo y la anulación de permisos de empleo para personas beneficiarias de TPS, que son principalmente ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres naturales.
“La decisión de la corte garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de vida ni la tranquilidad mientras se determina la legalidad de estas políticas”, expresó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones demandantes. Ella subrayó que, sin esta intervención, muchos beneficiarios del TPS habrían quedado sin la posibilidad de trabajar a partir del 22 de julio, y los solicitantes de asilo se habrían enfrentado a la negativa de sus trámites y a la revocación inmediata de sus permisos laborales.
En la práctica, este fallo beneficia a solicitantes de asilo de diversas nacionalidades, pero afecta especialmente a grupos de beneficiarios de TPS provenientes de Haití y Venezuela. Adelys Ferro, directora ejecutiva de la oenegé Venezuelan American Caucus, destacó el impacto positivo que esta decisión tiene para los solicitantes de asilo con casos pendientes. La nueva regulación exigía el pago de una tarifa anual de 100 dólares para no perder su permiso de trabajo, lo que habría afectado gravemente a quienes no pudieran cumplir con esta obligación. Gracias a la orden del juez, estas personas podrán regularizar su situación y continuar sus procesos.
Los inmigrantes haitianos que se beneficiaban del TPS y que estaban en riesgo de perder sus permisos de trabajo el 24 de julio obtendrán una prórroga que se extiende hasta noviembre de 2026, coincidiendo con la última renovación del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos haitianos, que fue aprobada por la administración de Joe Biden. En el caso de los inmigrantes venezolanos, el alivio se aplica a un grupo más reducido que había renovado su TPS antes del 5 de febrero de 2025, quienes ahora podrán mantener sus permisos de trabajo hasta octubre de 2026.
Se estima que entre 5,000 y 10,000 venezolanos pueden beneficiarse de esta orden de emergencia, según cálculos del Venezuelan American Caucus. Sin embargo, este tipo de decisiones en los tribunales inferiores son excepcionales en un contexto donde la Corte Suprema ha respaldado frecuentemente la agenda migratoria de Trump, a menudo en detrimento de la protección de los derechos de los inmigrantes.