El Jefe del Estado portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha frenado el proceso del Gobierno de António Costa para privatizar la compañía aérea TAP, nacionalizada al cien% tras la inyección de tres mil doscientos millones de euros en ayudas públicas para salvarla de la quiebra. Es uno más de los pulsos políticos que en los últimos meses se registra entre Rebelo de Sousa y Costa, tras el relacionado con la carrera de los profesores, que asimismo fue vetado en un inicio por el presidente de la República y corregido por el Ejecutivo.
En esta ocasión, la negativa de Marcelo Rebelo de Sousa a decretar el decreto que establece el marco legal que va a acompañar la privatización de TAP, prevista para este año, se debe a 3 razones esenciales. En una carta dirigida al primer ministro António Costa, el presidente demanda que se concrete de qué forma va a poder intervenir el Estado luso en una compañía “estratégica” si se vende más del cincuenta y uno%, como anunció el ministro de Finanzas, Fernando Medina. “No se prevé o permite, expresamente, en decisiones administrativas posteriores cualquier papel para el Estado”, apunta Rebelo de Sousa.
Tampoco estima que el decreto del Gobierno clarifique “la posibilidad de alienar o adquirir” cualquier género de activos ya antes de la privatización de la compañía aérea que se mienta en el texto. El tercer aspecto que alertó al Jefe del Estado debe ver con la carencia de trasparencia sobre “las reglas que definirán la elección del eventual comprador” en una fase de contactos precedente a la preparación del bloc de notas de encargos, que concretará los requisitos de la operación. “Como mínimo hay que dejar claro que no serán negociaciones vinculativas y que de esos contactos quedará registro”, demanda el presidente en su carta, en referencia a futuros procedimientos donde se pueda cuestionar la elección del comprador.
Rebelo de Sousa desea más claridad sobre todo el procedimiento de venta de la compañía y recuerda tanto el “abultado” desembolso de dinero público forzado a lo largo del fracaso que padecieron las compañías aéreas en la pandemia como los escándalos aflorados a lo largo de la comisión de investigación parlamentaria de la administración pública de TAP. “El contenido del decreto, que es determinante porque constituye la única ley que condicionará las decisiones administrativas siguientes, suscitaba múltiples dudas y reticencias a la luz de la deseada máxima transparencia del proceso”, apunta el presidente en su carta.
El gabinete de António Costa respondió a última hora del viernes con un breve comunicado diciendo que tomaba nota “de las preocupaciones” del Jefe de Estado y que serían evaluadas. El Gobierno deberá decidir ahora si enmienda aspectos de su decreto o abre un pulso político con Rebelo de Sousa forzando la aprobación del texto actual merced a su mayoría absoluta en el Parlamento.
El Gobierno luso aprobó a fines de septiembre el decreto para la privatización de TAP, que en los últimos meses ha conseguido sanear sus cuentas. Hasta septiembre la compañía ha logrado unos beneficios de 203,5 millones de euros, que contrastan con el perjuicio de noventa con ocho millones de euros del mismo periodo de dos mil veintidos.
El ministro de Finanzas, Fernando Medina, impuso por último su criterio a fin de que la venta superase el cincuenta y uno% de las acciones, sin descartar la salida total del Estado. Una opinión que compartió el presente ministro de Infraestructuras, João Galamba, mas no su precursor, Pedro Nuno Santos, que había sido el autor de la nacionalización de la compañía para eludir su ruina. Nuno Santos dimitió en el mes de diciembre de dos mil veintidos por permitir el pago de una indemnización de quinientos euros a una vieja administradora de TAP que fue de nuevo fichada a los poquitos meses por su ministerio.
La administración de la compañía aérea ha dejado de ser una cuestión rigurosamente económica para situarse en el centro del discute político en los últimos tiempos y está en la raíz del reciente distanciamiento vivido entre Rebelo de Sousa y Costa. La comisión parlamentaria de investigación sacó a la luz ciertas injerencias políticas sorprendentes. El secretario de Estado de Infraestructuras, Hugo Santos, llegó a solicitar a la presidente ejecutiva de TAP que alterase un vuelo para agradar a Rebelo de Sousa sin que este tuviera conocimiento ni lo hubiera pedido. El propio desarrollo de los trabajos en la Asamblea de la República desató una cadena de sucesos pasmosos en el Ministerio de Infraestructuras, que incluyeron amenazas, forcejeos y la intervención de los servicios secretos.
A pesar del escándalo, el primer ministro António Costa decidió sostener en el cargo al ministro João Galamba contra el criterio del presidente de la República. El ministro y su viejo consultor Frederico Pinheiro se intercambiaron acusaciones de amenazas y patrañas. Por aquellos hechos, Pinheiro termina de interponer esta semana una demanda penal contra António Costa y João Galamba. “Conscientes del relevo mediático inherente a las funciones públicas que ejercen, quisieron y consiguieron difamarme ante la opinión pública”, declaró Pinheiro a Público. El ex consultor ha publicado un libro al lado del ex secretario de Estado, Hugo Santos, sobre la administración de TAP donde defienden el carácter público de la compañía.
