El auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos está impulsando un fenómeno paralelo: la construcción de centros de datos. Actualmente, hay más de 3,000 centros de datos operativos en el país y otros 1,500 en desarrollo, según un análisis del Pew Research Center. Esta expansión responde a la creciente demanda de procesadores de datos para gestionar los grandes modelos de lenguaje, que necesitan soportes tecnológicos robustos y eficientes.
A pesar de la promoción del avance de la inteligencia artificial por parte de figuras políticas, hay una clara resistencia entre la población. Encuestas indican que alrededor del 70% de los estadounidenses se opone a la instalación de centros de datos en sus comunidades, citando preocupaciones como el aumento de las facturas de servicios públicos, la contaminación, el ruido y la pérdida de espacios verdes. Estos centros, además, demandan grandes cantidades de agua y electricidad, lo que acentúa la presión sobre los recursos locales.
La controversia también se extiende a la infraestructura que acompaña a los centros de datos, en especial a las líneas de transmisión necesarias para suministrar energía. En situaciones donde los propietarios rechazan la venta de su terreno, muchas empresas recurren al dominio eminente, una herramienta del gobierno que permite la expropiación de propiedades sin el consentimiento del propietario. Sin embargo, esto abre un debate sobre si una línea destinada a un centro de datos privado puede considerarse de «uso público».
La necesidad de expansión energética
Los centros de datos tienen un consumo energético significativo que puede poner en riesgo la estabilidad de las redes eléctricas. En 2024, estos centros representaron más del 4% del consumo total de electricidad en Estados Unidos, y la demanda seguirá creciendo a medida que se construyan más. Para satisfacer esta necesidad, las empresas de energía deben desarrollar nuevas líneas de transmisión, lo que implica la obtención de terrenos adecuados.
En distintos estados, como Georgia y Pennsylvania, las empresas eléctricas han estado utilizando el dominio eminente para alcanzar sus objetivos de expansión energética y asegurar un suministro energético más fiable a sus clientes.
¿Qué es el dominio eminente?
Las empresas de energía pueden negociar con los propietarios de terrenos para adquirir servidumbres para sus líneas de transmisión; si los propietarios se niegan a vender, el gobierno tiene la opción de forzar la venta. Este proceso está regulado por la cláusula de tomas de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que estipula que la propiedad privada solo puede ser expropiada para “uso público”, siempre que se compense de manera justa al propietario.
Aunque el gobierno federal tiene la facultad de iniciar acciones de dominio eminente, la mayoría de estas acciones son llevadas a cabo por gobiernos estatales y locales. En muchos casos, el poder de expropiación puede delegarse a entidades privadas, como las empresas de energía, aunque cada estado tiene sus propias normas sobre cómo se puede ejercer este poder.
El estándar de “uso público” en discusión
El principio de que una propiedad solo puede ser tomada para “uso público” ha sido interpretado de manera amplia por la Corte Suprema de EE. UU. En el caso Kelo vs. City of New London de 2005, se determinó que el desarrollo económico podía calificar como uso público, permitiendo así la expropiación de tierras para beneficios privados. Sin embargo, esta decisión suscitó un fuerte rechazo social, lo que llevó a 45 estados a implementar reformas en sus leyes sobre el dominio eminente.
Además de las reformas, algunas cortes supremas estatales han adoptado enfoques más restrictivos, prohibiendo la expropiación de propiedades privadas para beneficio exclusivo de proyectos de desarrollo económico privados, lo que podría dar más poder a los propietarios para desafiar las acciones de expropiación en sus constituciones estatales.
Impacto en la expansión de centros de datos
Las demandas que impugnan la expropiación de tierras para líneas de transmisión han tenido resultados variados. Mientras que las cortes supremas de estados como Dakota del Sur y Vermont han validado las expropiaciones al concluir que proporcionan energía y mejoran la confiabilidad de la red eléctrica para los clientes, el argumento se complica si las líneas no benefician a los residentes del estado.
Estos fallos sugieren que, a medida que aumenta la demanda de energía debido a los centros de datos, la expropiación para mejorar la confiabilidad de la red podría ser justificada como un uso público, especialmente si se trata de garantizar la estabilidad para los consumidores del estado. Sin embargo, los propietarios de terreno todavía pueden argumentar que la justificación para la construcción de nuevas líneas de transmisión carece de fundamento si no hay beneficios claros para ellos.