Hasta catorce medidas en materia de residencia recoge el pacto de Gobierno de Partido Socialista y Sumar, si bien muchas ya se anunciaron en la legislatura precedente o se presentan con escaso detalle. El documento que han firmado este martes el presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, contempla el incremento de parque público de residencia para alquiler accesible con el propósito de que alcance el veinte% del parque total. Esta es la medida que aparece primeramente y una de las que ya se habían avanzado ya antes de la presentación del documento. Se trata, realmente, de un compromiso que no es nuevo: Sánchez ya lo expresó en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo. De hecho, el Gobierno anunció entonces planes para acrecentar el parque social en cerca de doscientos residencias en el futuro próximo, si bien sin especificar plazos. Esos planes eran una mezcla de casas ya existentes a cargo de la Sareb, promociones nuevas en suelos de Defensa y otras promociones en diferentes grados de desarrollo (ciertas de manera directa sin proponer o en parcelas no urbanizables), todo ello impulsado por una nueva partida de fondos europeos.
Aquellos planes consistían más bien en acrecentar el alquiler social y el accesible. El primero, destinado a situaciones de gran vulnerabilidad; el segundo, para hogares con contrariedades en el momento de abonar los costos de la residencia libre, que se favorecerían de alquileres en torno a un veinte% más asequibles de lo que marca el mercado. Y no es precisamente residencia pública pues ahí pueden entrar promociones privadas, si bien con condiciones marcadas desde las Administraciones. Ahora tampoco se agrega considerablemente más detalle. El pacto sí detalla que la pretensión es poner “a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda”. Y apunta que el incremento del parque se va a poder hacer “mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando vivienda vacía”:
Uno de los instrumentos que ganan más fuerza en los últimos tiempos son las cesiones de derechos de superficie, una forma de cooperación público-privada en la que una compañía privada, a cambio de edificar un piso con peculiaridades y costos de alquiler valorados por el campo público, consiguen el derecho a explotar esos alquileres a lo largo de un periodo siguiente de hasta ochenta años (el máximo legal, si bien eso se fija en el concurso). Se trata de una fórmula que han explorado ya ciertas comunidades, como Madrid o Cataluña, y asimismo el Estado o la propia Sareb. Transcurrido el periodo de concesión, y si esta no se renueva, esas casas sí pasarían a ser de administración pública pues lo que se cede es solo el derecho de superficie, mas no la propiedad del suelo. Se trataría, salvando las distancias, de una concesión afín a la de las autopistas.
La reciente Ley por el derecho a la residencia ya contempla hoy día la obligación de asegurar un veinte% de “parque mínimo de viviendas destinadas en políticas sociales”. Pero lo hace solo como un compromiso a aceptar en los ayuntamientos donde se declaren zonas de costos tensionados (aquellas donde se estima que los importes de la residencia sobrepasan lo lógico, de conformidad con una serie de requisitos delimitados por la regla). El argumento se fundamenta en la convicción de que España es uno de los países europeos con menos residencia social y eso supone un inconveniente en el momento de administrar una actual situación, con costos de alquiler que han subido más que los ingresos de los hogares y máximos históricos en muchas urbes. De hecho, se calcula que España no llega ni a dos pisos sociales por cada cien residencias, en frente de una media continental que supera el nueve%.
Otras medidas que contempla el pacto debe ver asimismo con la regla que entró en vigor en el mes de mayo. El texto habla de desarrollar y controlar los efectos de la ley. Por ejemplo, “se definirá con carácter inmediato” el índice oficial de costos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe aprobar a fin de que puedan ponerse en marcha los controles de costos de áreas tensionadas. Cataluña ha acusado al Gobierno de retrasar sus planes para poner encuentres de alquiler por no tener listo este índice ni admitir el que la comunidad ya tiene. Transportes siempre y en toda circunstancia ha sostenido que la definición del indicador está avanzando, con trabajo entre los técnicos estatales y los de Cataluña (la única comunidad que ha manifestado interés en aplicar ese apartado de la ley) y que seguramente estaría listo a fines de dos mil veintitres. El pacto habla de ese “carácter inmediato” mas no fija un plazo.
Alquiler turístico
La vicepresidenta en funciones ha protegido las medidas en materia de residencia recordando que “un 50% de las personas que viven de alquiler tienen riesgo de pobreza”. El objetivo de un Gobierno progresista, ha añadido, es “dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión”. También ha expresado el propósito de hacer “que las ciudades sean sitios donde vivir”, por lo que el Gobierno se compromete a la regulación de la residencia turística. Se trata de una meta que en el campo de Podemos y Sumar ya se mentó en la pasada legislatura a lo largo de la negociación de la ley de residencia, mas el ala socialista del Ejecutivo siempre y en toda circunstancia adujo que por el reparto competencial se podía hacer poco desde el campo estatal. Ahora se recoge con una formulación sucinta: “Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas”. Así que, como los controles de costos, podría terminar tratándose de alguna medida con una aplicación siguiente limitada.
La alianza Partido Socialista-Sumar, de conseguir la investidura de Sánchez, asimismo busca profundidzar en otras medidas que se han aprobado en los últimos tiempos, como el impulso del Bono Joven de Alquiler (coyuntural de entrada, se habla de transformarlo “en una medida a largo plazo”) o las ayudas para rehabilitación, para la que hay ingentes fondos de restauración europeos, mas no está avanzando al ritmo que debería para gastar esas ayudas comunitarias. El acuerdo incluye el aval que ya se anunció en su día para cubrir un veinte% de las hipotecas de los menores de treinta y cinco años (la parte que generalmente no pueden conseguir con financiación bancaria) y, para calmar los estragos del encarecimiento de las letras, prevé ampliar hasta los 37.800 euros (actualmente está en 25.200 euros) el umbral de ingresos necesarios para poder acogerse a las ayudas especiales para prestatarios en apuros. Estas incluyen la posibilidad de congelar la cuota un año y ampliar el periodo de devolución de crédito hasta 7 años (ahora son 5).
El texto presentado este martes asimismo llama a la exterminación del sinhogarismo, la garantía de que no se genera un desahucio de una familia frágil sin ofrecer una opción alternativa real donde vivir (algo que ya recoge la ley, mas tiene inconvenientes de aplicación por la escasez de parque público) o la ampliación de recursos para políticas de Vivienda (sin fijar una cantidad) y el impulso de un registro de residencias vacías.
