Las recientes averiguaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han centrado la atención en el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La UCO ha presentado a la Audiencia Nacional un informe que detalla un supuesto entramado de corrupción vinculado a su gestión durante el periodo de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La investigación plantea la existencia de ingresos no declarados y señala que Cerdán y su entorno familiar pudieron obtener hasta 323.000 euros a través de diversas vías de esta trama.
El núcleo de la investigación gira en torno al presunto amaño de once contratos de obra pública adjudicados entre 2018 y 2021. Estos contratos incluyen cinco licitaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y seis de la Dirección General de Carreteras. La UCO apunta a que Cerdán habría actuado como intermediario entre las empresas constructoras y el ministerio, logrando comisiones ilegales del 2% sobre los contratos adjudicados.
Particularmente relevante es la relación de Cerdán con la empresa navarra Servinabar, dirigida por su amigo Joseba Antxon Alonso. Según el informe, Cerdán posee el 45% de las participaciones de esta compañía. A pesar de que el exdirigente socialista ha negado su implicación en la mercantil, la UCO documenta supuestas gestiones para la adquisición de un piso en Madrid por alrededor de un millón de euros, que finalmente no se concretó debido a diferencias con los propietarios.
Además, Servinabar y otras empresas asociadas han sido identificadas como el origen de los 323.178,41 euros que Cerdán y su familia habrían recibido entre 2015 y 2024. Este monto incluye una variedad de conceptos, desde alquileres y vehículos hasta pagos de sueldos y uso de tarjetas de crédito. Se destacan situaciones peculiares, como un salario mensual de 1.300 euros para la esposa de Cerdán por un trabajo que nunca realizó, y la financiación de una multa por una infracción de tráfico cometida por él mismo.
Análisis del patrimonio y cambios en la operativa bancaria
El análisis del patrimonio de Cerdán, llevado a cabo por la UCO durante más de un año, abarca desde 2014 hasta 2022, período en el que se considera que su situación financiera experimentó cambios significativos. El informe revela que, hasta 2018, retiraba regularmente más de 10.000 euros al año en efectivo. A partir de 2019, estas extracciones se detuvieron, aunque continuó utilizando sus tarjetas de crédito, lo que sugiere una posible fuente de financiación alternativa coincidente con su etapa ministerial.
Igualmente, la UCO ha puesto de relieve las liquidaciones de gastos que Cerdán presentó a su partido y al Congreso. Al comparar las cifras reclamadas con lo que efectivamente le fue abonado, se ha encontrado una discrepancia notable, especialmente en 2020, donde los gastos solicitados fueron cuatro veces superiores a las cantidades reintegradas. Esta diferencia plantea dos hipótesis: que Cerdán haya exigido reembolsos por gastos no realizados o que hubiera cubierto inicialmente esos gastos con fondos de origen desconocido.