El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado recientemente la ampliación de la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Esta decisión surge tras la solicitud realizada por las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, quienes buscan asegurar la continuidad de la planta extremeña.
Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se espera la recepción del informe formal del CSN sobre la autorización solicitada por la sociedad propietaria de Almaraz, CNAT, para extender su operación hasta el 8 de junio de 2030. El proceso exige que el Gobierno evalúe tanto el informe del CSN como la documentación asociada antes de tomar la decisión final.
La reciente aprobación se produjo tras una espera adicional para permitir un debate más exhaustivo sobre el dictamen de los técnicos del CSN, lo cual indica el interés y la relevancia de este tema. El pleno del CSN, que incluye a su presidente Juan Carlos Lentijo y otros miembros relevantes, fundamenta su acuerdo en un Informe Técnico que abarca 29 documentos elaborados por 16 áreas especializadas. Sin embargo, hay que destacar que el consejero Francisco Castejón se abstuvo en la votación.
Inversión y mantenimiento clave para Almaraz
La última revisión de seguridad de Almaraz se realizó en 2020 y ofrece garantías de seguridad hasta 2030. Para efectivamente ampliar su operación, las propietarias deberán realizar una inversión de 150 millones de euros en mantenimiento y mejoras. La patronal Foro Nuclear ha subrayado que el informe del CSN respalda que Almaraz tiene las condiciones necesarias para continuar operando, destacando su «excelencia operativa» y el compromiso de su personal.
Es importante señalar que el informe del CSN no solo respalda la operación hasta 2030, sino que también plantea la necesidad de garantizar el personal relacionado con la seguridad y de actualizar ciertas revisiones de documentos operativos.
Condiciones impuestas por el Gobierno
Además de la inversión económica, las empresas deben cumplir con varias condiciones establecidas por el Gobierno, que incluyen asegurar la seguridad radiológica y evitar que los costos adicionales se trasladen a los consumidores. Este aspecto ha sido objeto de debate, especialmente en relación con la presión de las grandes eléctricas para obtener una reducción de la carga fiscal que afecta a la energía nuclear, conocida como la ‘tasa Enresa’.
Las empresas enviaron su solicitud al CSN apenas antes de que expirara el plazo permitido, especialmente después de no conseguir el ajuste fiscal deseado. Mientras tanto, el Gobierno ha adelantado que eliminará progresivamente el impuesto del 7% a la producción eléctrica, que se espera desaparezca completamente en 2028. Esto podría impactar la viabilidad económica de la operación de las centrales nucleares en el país.