Víctor G. B., un subinspector de la Policía Local de Granada, ha sido condenado a 29 meses de prisión por maltrato psicológico y daño psíquico a su expareja, Maribel. Esta sentencia representa un punto de inflexión tras años de sufrimiento para ella y sus hijas, quienes vivieron bajo el yugo del miedo y la violencia. La situación comenzó hace casi una década, cuando Maribel experimentó los primeros episodios de maltrato que se intensificaron con el tiempo, llevando a la víctima a formalizar denuncias en varias ocasiones.
Los actos de violencia comenzaron a mediados de 2017, cuando Maribel decidió emprender un proceso educativo que incluyó oposiciones y un doctorado en psicología. Esto provocó un cambio en el comportamiento de Víctor, que se tradujo en un aumento de los celos, menosprecio y actitudes agresivas hacia ella y sus hijas. Después de una última y crítica confrontación en septiembre de 2022, Maribel optó por denunciarle en julio de 2023, tras alcanzar un límite insostenible de temor por la seguridad de su familia.
La sentencia que condena a Víctor por dos delitos de violencia física y psíquica habitual implica una pena de prisión de dos años y cuatro meses, tras un recurso. Además, se le ha prohibido acercarse a Maribel y a su hija mayor, y se le ha retirado el derecho a portar armas, un hecho significativo dada su posición como agente de la ley. Este caso resalta la complejidad de la violencia doméstica y cómo el contexto laboral del agresor puede empeorar el sufrimiento de la víctima.
Maribel, al enterarse del ingreso de su expareja en prisión, manifestó su alivio y una sensación de tranquilidad que, aunque esperada, resulta difícil de asumir tras tantos años de violencia. Ella ha expresado que está en proceso de adaptarse a una nueva vida sin el constante miedo que la acompañaba. No obstante, reconoce que la superación emocional es un camino aún largo y complicado.
La conmoción del caso no termina aquí. Víctor G. B. no solo está cumpliendo su condena, sino que también enfrenta múltiples causas pendientes relacionadas con su función policial. Estas incluyen presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y la posible pertenencia a una organización criminal vinculada a amaños de oposiciones. Además, se investiga su acceso no autorizado a documentos protegidos por el sistema Viogen, destinado a la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Este aspecto del caso plantea interrogantes sobre la ética profesional en la Policía y la posible vulneración de los derechos de las víctimas.
El subinspector, aunque ya condenado, seguirá enfrentando un largo proceso judicial que podría tener repercusiones adicionales en su vida personal y profesional. Con varios casos abiertos y continuas investigaciones, el futuro de Víctor G. B. será sin duda objeto de atención pública y judicial en los próximos meses.