“Necesitamos actuar de forma urgente contra el cambio climático”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es definitivo en su diagnóstico: este va a ser el año más caluroso de la historia, la temperatura media global va a estar uno con cinco grados por sobre los niveles preindustriales en solo 5 ejercicios y las implicaciones pueden ser devastadoras: nuevas enfermedades, más catástrofes naturales y una menor productividad. El fondo advierte, no obstante, de que hacer frente al reto de reducir a cero las emisiones de CO2 en dos mil cincuenta requerirá un enorme esmero fiscal. En específico, estima que la deuda pública se va a disparar entre el cuarenta y cinco% y el cincuenta% del PIB (PIB), haciendo insostenibles las finanzas públicas. El organismo aboga por fijar un sistema de costos de los derechos de emisión del carbono, como el que rige ya en cincuenta países y desplegar una batería de medidas, entre ellas, movilizar la financiación privada.
La loseta de la deuda pública va a estar en el centro del discute de las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial, que la próxima semana se festejarán en Marrakech. La corporación dirigida por Kristalina Georgieva ha desembargado ya ciertos episodios de dos de los primordiales documentos que presentará sobre la estabilidad financiera global. Hasta ahora, se apuntaba al cambio climático como uno de los mayores retos para las finanzas mundiales. El FMI pone por fin negro sobre blanco a las primordiales cifras que va a suponer lograr la plena descarbonización en dos mil cincuenta bajo una enorme premisa: no hay opción alternativa.
Según el FMI, la inversión anual precisa para lograr los objetivos de dos mil cincuenta pasa de entrada por unos 5 billones de dólares estadounidenses (cuatro con setenta y tres billones de euros) hasta dos mil treinta, de forma especial en los países con mayores emisiones de dióxido de carbono. Prácticamente el setenta% de ese capital va a deber ir al ámbito energético, que encara el reto de prescindir de los comburentes fósiles. De financiarse con capital público, ese monto supondría elevar la deuda pública global en entre un cuarenta y cinco% y un cincuenta% del PIB mundial. Las obligaciones que ahora amontonan las administraciones públicas de todo el planeta se ubican en el noventa y dos% del PIB, conforme un reciente estudio del fondo. Pese a haber cedido en los últimos un par de años, se trata de una cota históricamente alta a raíz del gasto efectuado a lo largo de la pandemia para salvar empresas y puestos. “La elevada deuda, el aumento de las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento más débiles harán que las finanzas públicas sean aún más difíciles de equilibrar”, apunta el informe del fondo.
El FMI demanda a los países más medidas para sacar presión a las arcas públicas. La primordial vía, para el fondo, ha de ser un sistema de costos sobre el carbono. Ya hay cincuenta países que lo han adoptado y otros veintitres que contemplan hacerlo. En el caso de la Unión Europea, hay un mecanismo que se prevé que sea ampliado en el futuro próximo, abarcando asimismo a los vehículos y las edificaciones. En Estados Unidos, ese impuesto no se ha podido implantar a nivel federal, aunque ciertos Estados sí lo han puesto en marcha.
El fondo, sin embargo, es siendo consciente del costo político que puede conllevar que toda la acción política descanse en ese tributo. “La fijación del precio del carbono por sí sola no es suficiente y debe complementarse con otros instrumentos de mitigación para abordar las fallas del mercado y promover la innovación y el despliegue de tecnologías bajas en carbono”, apunta el documento, que añade: “Una propuesta pragmática y equitativa exige un precio mínimo internacional del carbono, diferenciado entre países con diferentes niveles de desarrollo económico. Los ingresos por carbono asociados podrían compartirse en parte entre los países para facilitar la transición verde”.
“Trilema político”
El organismo con sede en Washington, en verdad, acepta que los Estados encaran un “trilema político” entre conseguir objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y la aptitud política. “En otras palabras, perseguir dos de estos objetivos tiene el costo de sacrificar parcialmente el tercero”, apunta el fondo de una entrada de su weblog publicada esta tarde. Por ello, la corporación plantea “medidas audaces, rápidas y coordinadas”, tanto de gastoi como de ingresos, para proseguir adelante con la reducción de las emisiones. Entre , aboga asimismo por “transferencias fiscales sólidas a los hogares, trabajadores y comunidades vulnerables”.
Si se logra encontrar la fórmula conveniente, el aumento de la deuda puede limitarse a entre un diez% y un quince% del PIB, si bien va a depender de las condiciones en las que se encuentre la economía. El fondo mete presión, en todo caso, a los países. Y no solo por la emergencia climática, sino más bien asimismo pues retrasar esas actuaciones no hace más que encarecerlas. “Cada año de retraso se estima que puede contribuir con un porcentaje de entre el 0,8% y el 2% a la deuda pública”, explica la corporación.
El reto, recuerda el fondo, es particularmente grande para los países emergentes, que suponen el setenta% de las emisiones contaminantes. Estas ya están acusando una elevada deuda y unos costos crecientes de sus géneros de interés. El organismo plantea, en un caso así, desplegar un extenso bulto que va desde una mayor eficacia en el gasto, una movilización de los ingresos, un papel más esencial para el ámbito privado y financiación externa. De hecho, el FMI se ofrece a poner fondos en un largo plazo por medio de mecanismos ya existentes. “Ningún país puede resolver la amenaza climática por sí solo. El sector público tampoco puede actuar por sí solo. El sector privado tiene que satisfacer la mayor parte de las necesidades de financiación climática”, remacha el informe.
