Una de las particularidades del presente ciclo monetario ha sido su limitado impacto en las finanzas públicas. Así es como los Estados más endeudados han podido financiarse sin aguantar una prima de peligro exacerbada por la retirada de los bancos centrales (salvo en instantes de agobio financiero). Pero ojo, pues esta circunstancia privilegiada se está desvaneciendo.

En los últimos días, los ahorrativos, contrariados por la revisión con fuerza en alza del orificio presupuestario de Italia, se muestran reluctantes a financiar los proyectos de recortes de impuestos del Gobierno de Meloni, por considerarlos incongruentes con un contexto muy degradado a juzgar por el voluminoso déficit público (ocho% del PIB de dos mil veintidos). El diferencial de desempeño con Alemania (o prima de riego) de la deuda trasalpina se ha tensionado y se aproxima a los doscientos puntos, prácticamente cincuenta puntos más que al comienzo del giro restrictivo del BCE. Los mercados asimismo han reaccionado a los titubeantes planes presupuestarios del Gobierno de Macron. La prima de peligro de la deuda francesa prosigue la pendiente desfavorable detectada desde el principio del brote inflacionario. Además, las dos economías presentan síntomas de anemia, la italiana bordeando aun la recesión, y por lo tanto conminando con desajustar las previsiones de ingresos tributarios.

A la inversa, Portugal ha aprovechado la fase de restauración para compensar sus cuentas y consolidar una ruta presupuestaria que pretende encarar los grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la hacienda pública. El déficit es irrisorio y la deuda es de las pocas en Europa que se ubica ya enteramente bajo los niveles prepandemia. Sin sorpresa, la prima de peligro, explosiva a lo largo de la crisis financiera, evoluciona propiciamente y semeja inmune a los vaivenes de los mercados.

España, por su lado, se halla en una situación media, merced a la relativa resiliencia de la economía frente al doble shock energético y monetario. Los ingresos se han visto impulsados por el desarrollo, asimismo por el IPC habida cuenta de la no integración de la inflación en las tarifas tributarias, de tal modo que una ligera reducción del déficit para este año no es descartable. Por otra parte, la interinidad política impide presentar presupuestos, de tal modo que —a diferencia de los asociados comunitarios— los mercados no disponen de señales actualizadas de la dirección que va a tomar la ruta fiscal.

De instante prevalece una cierta calma. Si embargo, la experiencia reciente de los países vecinos revela 3 realidades de política presupuestaria a tomar en consideración en el presente contexto de inflación, transición energética y regreso de las reglas fiscales. Uno, los desvíos se van a ver sancionados con más contundencia que a lo largo de la era de exuberancia monetaria y géneros de interés anestesiados. El cumplimiento del objetivo de déficit tanto el año pasado como en lo que va del presente ejercicio es un paso en la buena dirección, mas no olvidemos que eso se lo debemos en parte a la buena marcha de la economía. Lo tendremos más bastante difícil ahora que se adelanta una desaceleración. La caída de la colecta en término de IVA (-diez con cuatro% en el mes de agosto en términos interanuales) es premonitoria del cambio de tendencia.

Dos, una mayor concentración y focalización de las ayudas antiinflación es posible. No hay justificación al mantenimiento de los recortes de impuestos sobre el consumo de gas y electricidad, ahora que los costes se han estabilizado. Y, frente al encarecimiento del petróleo, es conveniente eludir subsidios extendidos al consumo de carburante: mejor contemplar ayudas a colectivos frágiles y transportistas que no pueden trasladar el levanta de costos a los clientes del servicio.

Finalmente, los estímulos solo pueden proceder de los fondos europeos. Este es además de esto el instrumento ideal de transformación del tejido productivo, de ahí la relevancia de acceder pronto a los préstamos libres en el programa. Todo ello, así como unos nuevos PGE, asentaría la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar.

Déficit

El déficit afianzado de las administraciones (excluyendo las locales) alcanzó hasta julio el dos con dos% del PIB, 3 décimas más que un año ya antes. Este deterioro obedece a la desaceleración de los ingresos presupuestarios: estos medran a un ritmo anual del seis con cinco%, la mitad que anteriormente ejercicio. Además, el gasto público prosigue una tendencia inversa, con un aumento hasta julio del siete con cuatro%, 4 veces más que en dos mil veintidos. Para el conjunto del año, el déficit podría acercarse al objetivo del tres con nueve% bajo supuestos razonables de desarrollo positivo hasta finales de año.   

Mercedes Cruz Ocaña