La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que promovió el fallido almacén de gas Castor, que esta empresa presentó en 2019 contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligó a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas.
La sección 4 de la Sala de lo Contencioso, en una sentencia del pasado 5 de julio, rechaza el recurso de Escal, participada al 67% por ACS y al 33% por la canadiense Dundee Energy, contra la resolución de Competencia, en la que se le exigía el reintegro de 195 millones de euros (sin intereses) por las liquidaciones que se le entregaron en concepto de indemnización por el cierre del proyecto. El fallo considera que “las liquidaciones anuladas de oficio por la CNMC son nulas de pleno derecho (y no meramente anulables) por haberse realizado a partir de un acto legislativo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y exigirlo así la efectividad de esta declaración”.
El supervisor solicitaba esa devolución después de que el Tribunal Constitucional declarase nulo e inconstitucional en 2017 que el decreto-ley que aprobó el Gobierno del PP en 2014 que decretaba la compensación a la empresa de 1.350 millones de euros. El decreto fue recurrido por el Parlamento de Cataluña, la Generalitat catalana y por más de cincuenta diputados del PSOE. La CNMC puso en revisión las liquidaciones que se habían satisfecho a Escal en 2014, 2016 y 2017.
El Gobierno de entonces decidió cerrar en 2013 el almacenamiento subterráneo de gas de Castor cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, varios movimientos sísmicos. La compensación aprobada se repercutiría en la tarifa de gas durante 30 años. Los 210 millones que tendrá que devolver corresponden a las liquidaciones definitivas de los tres ejercicios. Entre los argumentos de Escal para presentar este recurso se encontraba un reproche de incompetencia de la CNMC para tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio.
Sin embargo, la sentencia no comparte ese criterio y califica al regulador de autoridad administrativa independiente, pues desarrolla las funciones que tiene atribuidas en el sector gasista con plena autonomía respecto del Gobierno y de la Administración General. La sentencia también condena a Escal, que entró en concurso de acreedores en 2019, al pago de las costas procesales, si bien el resultado es susceptible de recurso de casación. En su resolución de 2019, la CNMC también exigía a Banco Santander la devolución de otros 71,9 millones, a CaixaBank 48 millones, a Enagás 32,4 millones y a Bankia 21,1 millones de euros.
También se paralizaron en enero 2018 los pagos a los bancos que adelantaron esa indemnización de 1.350 millones a ACS para cobrarla con intereses con cargo a la factura del gas durante 30 años, pero las entidades financieras (Santander, CaixaBank y Bankia) recurrieron al Tribunal Supremo, que les dio la razón. Finalmente, el Congreso convalidó en enero de 2021 un decreto, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Ciudadanos, BNG y Coalición Canaria, endeudamiento del Estado para resarcir a los bancos.
En el plano penal, la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos – Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau-,de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales en 2021.
Un largo conflicto
Escal logró en 2008 la concesión de la explotación del almacenamiento de gas natural, ubicado frente a la costa de Castellón. Sin embargo, debido a los movimientos sísmicos registrados en 2014 se acordó la hibernación de la instalación, así como la extinción de la concesión. Además, se asignó a Enagás la administración de las instalaciones asociadas al almacén y se acordó el pago de determinadas cantidades para la extinción de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de esta concesión. Entonces se reconoció como valor neto de la inversión la suma de 1.350,7 millones.
En 2015, el Ministerio de Industria cuantificó los derechos retributivos de Escal en 295,5 millones en concepto de retribución financiera y 42,2 millones por los costes de operación y mantenimiento del almacén durante el periodo transcurrido entre la puesta en servicio provisional y su entrada. De la liquidación definitiva de las actividades reguladas del sector del gas natural correspondiente al ejercicio 2014, se reconoció a Escal 253,3 millones en concepto de retribución financiera. Posteriormente, en 2016, se declaró nula la liquidación definitiva de 2014, así como las liquidaciones definitivas de 2016 y de 2017 y, en consecuencia, se declaraba la obligación de Escal de reintegrar al sistema gasístico casi 210 millones, incluidos intereses
