La calidad democrática de un país va más allá de la simple periodicidad de sus elecciones. Se fundamenta en la transparencia, la integridad y la participación activa de la ciudadanía. En este contexto, la confianza del pueblo en sus instituciones es crucial. A pesar de algunos avances, España enfrenta significativas deficiencias que disminuyen esa confianza y afectan la efectividad institucional. Con la llegada de 2026, se presenta una oportunidad crucial para implementar reformas necesarias que aseguren un Estado moderno y alineado con las normas internacionales más estrictas.
Reformas Clave para Mejorar la Democracia
A continuación, se detallan las medidas prioritarias que deben abordarse:
-
Reforma de la Ley de Transparencia:
- Es imperativo que se amplíen los sujetos obligados a cumplirla, incluyendo partidos y órganos constitucionales.
- La capacidad del Consejo de Transparencia debe fortalecerse, y se requieren obligaciones claras para la publicidad de agendas y reuniones de altos cargos.
-
Regulación de Lobbies:
- España debe contar con una normativa que establezca un registro obligatorio de lobbies y garantice la trazabilidad de las reuniones.
- Es esencial limitar las puertas giratorias y asegurar que los nombramientos públicos se basen en méritos, no en cuotas partidistas.
-
Contratación Pública Más Transparente:
- La alta vulnerabilidad a la corrupción en este ámbito requiere plataformas unificadas que permitan rastrear el gasto público y detectar irregularidades.
- Los controles internos deben ser robustos para identificar problemas antes de que causen escándalos.
-
Reducción de Aforamientos:
- España es uno de los países con más personas aforadas, lo que plantea un riesgo de impunidad.
- Limitar esta figura a un número restringido de altos cargos enviaría un mensaje claro sobre la igualdad ante la ley.
-
Acceso a Información y Datos Abiertos:
- Implementar una política de datos abiertos facilitaría el control ciudadano sobre la administración pública.
- La rendición de cuentas del poder ejecutivo debe transformarse en una obligación, con informes públicos sobre políticas clave.
-
Auditoría Social y Financiación de Partidos:
- Promover la auditoría social permitirá un seguimiento eficaz de las promesas electorales y los planes de gobierno.
- La transparencia en la financiación electoral es igualmente crucial para asegurar una democracia saludable.
-
Independencia Judicial:
- Es necesario reformar los procesos de nombramientos en la judicatura para garantizar su independencia, en consonancia con las recomendaciones internacionales.
-
Uso Responsable de la Tecnología:
- Con la digitalización de la administración, se deben establecer controles para el uso de inteligencia artificial, asegurando que sea auditable y no discriminatorio.
-
Transparencia en Subvenciones:
- Crear una plataforma única para la gestión de ayudas públicas reduciría la desconfianza y facilitaría la evaluación pública.
-
Marco Nacional de Evaluación de Políticas:
- Es vital implementar un sistema de evaluación independiente y obligatorio que acompañe cada nuevo proyecto legislativo con objetivos claros y verificables.
-
Estrategia Nacional Anticorrupción:
- Una antigua deuda del país es la creación de una estrategia coherente y dotada de recursos que integre todos los niveles de la administración.
Por último, implantar una cultura cívica sólida es esencial. Se debe introducir la enseñanza sobre transparencia, anticorrupción y participación en el sistema educativo y en la formación de ciudadanos, empresarios y empleados públicos.
En conclusión, 2026 debe ser un año decisivo para España. Abordar estas reformas permitirá combatir la corrupción y restaurar la confianza ciudadana. La transparencia, la integridad y la participación activa son metas fundamentales que deben orientar a los representantes políticos y las instituciones hacia una democracia más efectiva y responsable.
