Argentina ha lanzado una nueva convocatoria para empresas internacionales interesadas en gestionar una de las vías fluviales más importantes del mundo: la que recorre el río Paraná. El Gobierno de Javier Milei espera recibir ofertas hasta el 27 de febrero para la concesión de la Vía Navegable Troncal, un corredor por el que circula el 80% del tráfico de exportación argentino. Se estima que este contrato, con una duración de 25 años, generará ingresos de aproximadamente 15.500 millones de dólares (unos 13.182 millones de euros). La gran pregunta es si la promesa de beneficios desde el primer año atraerá a los grandes grupos empresariales del sector.
Un proceso de licitación polémico
La licitación ha sido oficialmente publicada en el Boletín Oficial y está bajo la gestión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dependiente del Ministerio de Economía. Este nuevo intento surge tras la cancelación de un primer proceso en febrero, que se vio envuelto en controversia al recibir solo una oferta, de la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME). Inicialmente, se esperaba atraer 11 propuestas. Las quejas sobre posibles prácticas anticompetitivas, junto con la falta de participación de otros competidores, llevaron al gobierno a revisar el proceso.
La anterior concesionaria, Jan de Nul, que operó entre 1995 y 2021, no presentó su candidatura, y la participación de CCCC Shanghai Dredging Company (SDC) fue rechazada debido a su soporte financiero estatal por parte de China.
Nuevas expectativas para la concesión
La ANPYN busca atraer la mayor cantidad de postores posible en un contrato que incluye 25 años de explotación y la opción de una prórroga de cinco años. Este tramo abarca desde el kilómetro 1.238 del río Paraná hasta el Río de la Plata, conectando 79 terminales portuarias a lo largo de sus 1.400 kilómetros en siete provincias. Forma parte de un corredor fluvial más extenso, conocido como Hidrovía Paraná-Paraguay, que conecta Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay con el Atlántico, abarcando 3.700 kilómetros en total.
Para calificar, las empresas deben cumplir con ciertos criterios económicos, como un patrimonio neto superior a 300 millones de dólares y unos ingresos anuales de al menos 450 millones de dólares. Este enfoque busca asegurar que solo las compañías con experiencia en la gestión de canales y puertos participen en el proceso.
Proyecciones económicas atractivas
Las proyecciones financieras del pliego detallan un ingreso medio para la empresa adjudicataria de 618,6 millones de dólares al año. Este cálculo se basa en una tasa interna de retorno del 12,31% y un coste promedio del capital del 10,98%. A lo largo de los 25 años de concesión, se estima que las ganancias operativas (EBITDA) pasen de 85,6 millones en el primer año a 378 millones de dólares al final del período. Los beneficios desde el inicio parecen prometedores: los ingresos iniciales fluctuarían entre 54 millones en el primer año y 209 millones en el último.
Entre los principales usuarios de esta vía se encuentran gigantes del sector agroalimentario como Cargill, Cofco, Bunge y LDC. Estos actores dominan el volumen de tráfico en contenedores, transportando productos clave como soja, hierro y combustibles.
La empresa seleccionada no solo gestionará la infraestructura, sino que también será responsable del mantenimiento, la señalización y el dragado necesario para garantizar el paso de buques, operando bajo un modelo de obra pública que transfiere el riesgo a la parte privada.
Un mercado desafiante
Sin embargo, las grandes empresas españolas, como Ferrovial, ACS, Acciona y Sacyr, han dejado de considerarle estratégicamente atractivo como mercado. Su ausencia se percibe en un contexto donde la confianza entre los inversores es crítica. Las constructoras están interesadas en volver, sobre todo las de Centroeuropa, como DEME y Jan de Nul, junto a otras como Rhode Nielsen y DTA Engenharia que ya mostraron interés en la anterior licitación.
El concurso ha sido objeto de atención pública y se han llevado a cabo audiencias para discutir preocupaciones ambientales. La ONU también ha supervisado la documentación del pliego, asegurando que cumpla con estándares internacionales.
Para garantizar su participación, las empresas deben presentar garantías sustanciales: 20 millones de dólares para mantener su oferta, más otros 40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato, junto a una garantía adicional de 35 millones de dólares para liquidar deudas pendientes con anterioridad a la firma del acuerdo.
