El Gobierno ha hecho público este miércoles su plan para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, proponiendo un incremento del 3,1%. Esto significa que la nueva cifra alcanzará los 1,221 euros brutos al mes, distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 17,094 euros anuales. Actualmente, los beneficiarios reciben 1,184 euros mensuales, lo que representa un aumento de 37 euros al mes. Además, se confirma que estos trabajadores seguirán sin tributar en el IRPF, según indicó Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Este ajuste es menos significativo que en años anteriores y solo supera en dos décimas la inflación registrada en 2025, que se sitúa en el 2,9%.
### Posibles Reacciones de los Interlocutores Sociales
Los sindicatos y empresarios tendrán que pronunciarse en los próximos días sobre esta revalorización. Aunque se espera que CC OO y UGT den su apoyo, surge la posibilidad de que los empresarios también respalden la medida, a pesar de haber propuesto inicialmente un incremento del 1,5%. Pérez Rey se mostró optimista sobre este posible cambio de postura.
Este cambio se ha producido tras el compromiso del Ministerio de Trabajo de negociar con otras carteras gubernamentales, como Hacienda y Economía, la flexibilización de las reglas de desindexación del SMI en los contratos públicos. Esta medida busca permitir a las empresas trasladar el aumento del salario mínimo a los costes salariales en sus contratos con el Estado, brindando así más ingresos a las compañías a medida que los salarios de sus trabajadores aumentan.
Sin embargo, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, enfrió las expectativas poco después del diálogo social al señalar que persiste una discrepancia con el Partido Socialista, que ha sido reacio a aceptar esta desindexación.
### Aprobación Inminente y Compromiso Fiscal
A pesar de las tensiones políticas, Díaz aseguró que la subida contará con la aprobación del Consejo de Ministros en breve y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, beneficiando a aproximadamente 2.5 millones de trabajadores.
La propuesta del Gobierno se alinea con la recomendación de un comité de expertos, que sugería un incremento del 3,1% sujeto a la condición de que el SMI no tributara en el IRPF. De haberse establecido la tributación, el aumento podría haber sido del 4,7%, alcanzando los 1,240 euros mensuales.
Pérez Rey insistió en que el objetivo es que los beneficiarios cobren netamente 17,094 euros anuales y que la Hacienda ajuste las deducciones necesarias para mantener este estatus de no tributación.
### Un Proceso Negociador Necesario
Aunque la ley no obliga al Gobierno a negociar el aumento del SMI, es práctica habitual buscar consenso entre sindicatos y empresarios. Este año, las propuestas iniciales estaban muy distantes: los sindicatos exigían un aumento del 7,5%, mientras que la respuesta de la patronal era de un modesto 1,5%. La apertura a considerar la desindexación del salario mínimo ha creado un clima propicio para un posible pacto tripartito.
No obstante, los negociadores de UGT y CC OO han insistido en que la relajación de las reglas de desindexación no alterará sus demandas sobre otros temas esenciales, como asegurar que las futuras subidas del salario no sean compensadas por otros pluses salariales. Luján, representante de UGT, fue claro al afirmar que no renunciarán a que el incremento llegue íntegramente a los trabajadores.
### La Controversia de la Tributación
El debate sobre la tributación del SMI ha sido candente, especialmente a medida que la cantidad se acerca a los umbrales que llevan a los trabajadores a contribuir al IRPF. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señaló que, desde 2018, el porcentaje de trabajadores que cotizan por la base mínima ha aumentado drásticamente, pasando del 3,5% al 7,4% en 2023. Para aquellos que apenas superan el SMI, la cifra ha crecido aún más, de un 7,9% a un 22,8%.
A pesar de estas circunstancias, el ministerio de Díaz ha logrado que el colectivo con salario mínimo continúe sin tributación, permitiendo así que sus salarios se mantengan íntegros y sin afectar su poder adquisitivo.
