El Gobierno da un gran paso hacia la regulación del crédito al consumo, con el fin de proteger a los clientes de abusos. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que adapta directrices europeas y establece, por primera vez en España, límites a los intereses aplicables en préstamos.
Nueva normativa para un mercado en evolución
Esta legislación aborda de manera integral el crédito al consumo, abarcando desde los préstamos bancarios tradicionales hasta los microcréditos, tarjetas revolving y préstamos rápidos ofrecidos por plataformas digitales. El sector ha experimentado cambios significativos en los últimos años debido a la digitalización y la aparición de nuevos actores, lo que ha sido motivo de preocupación para las autoridades. El objetivo principal es reforzar la protección del consumidor, particularmente para aquellos más vulnerables, y brindar seguridad jurídica a las empresas mediante reglas claras y uniformes.
Principales novedades en el anteproyecto
Una de las innovaciones más destacadas de esta ley es la imposición de un límite sobre el coste de los préstamos, utilizando como referencia la TAE (tasa anual equivalente). Este indicador representa el costo total que paga el prestatario, incluyendo todos los cargos asociados. Así, las entidades financieras no podrán exceder un nivel máximo de TAE, determinado por el tipo medio de crédito al consumo publicado por el Banco de España, más un margen que dependerá de la cantidad del préstamo.
Estos márgenes son:
- Hasta 1.500 euros: 15 puntos porcentuales.
- Entre 1.500 y 6.000 euros: 10 puntos.
- Más de 6.000 euros: 6 puntos.
Estos límites serán actualizados trimestralmente.
Ejemplo práctico
Por ejemplo, si el tipo de interés medio se sitúa en un 7%, un préstamo de hasta 1.500 euros no podrá superar una TAE del 22% (7% más 15 puntos), mientras que un crédito de entre 1.500 y 6.000 euros tendrá un límite del 17%, y uno superior a 6.000 euros quedará fijado alrededor del 15%.
Como medida provisional, hasta que se implemente el decreto definitivo, se establece un tope máximo del 22% para nuevos contratos y cualquier saldo pendiente en tarjetas revolving, uno de los productos más criticados por sus altos intereses.
Regulación de microcréditos y créditos de alto coste
Además, el anteproyecto establece normas rigurosas para los microcréditos, que han proliferado especialmente por internet. Estos pequeños préstamos suelen atender necesidades urgentes, pero a unos costos exorbitantes que pueden sobrepasar el 3.000% TAE. Muchos de sus usuarios son consumidores que no tienen acceso al crédito convencional, corriendo el riesgo de caer en sobreendeudamiento.
A partir de ahora, las empresas que ofrezcan microcréditos deberán operar bajo condiciones más estrictas. Por ejemplo, el reembolso se deberá realizar en un mínimo de tres meses, con un interés mensual máximo del 4% y una comisión de hasta el 5% (sin exceder 30 euros). Así, un microcrédito de 300 euros a 30 días, que hoy cuesta alrededor de 103 euros, ahora tendrá un costo máximo de 40 euros si se devuelve en tres meses, o de 20 euros si se abona al mes.
Nuevas obligaciones y controles
La nueva normativa también recrudece las exigencias de información. Los prestamistas deberán proporcionar datos claros con antelación a los potenciales prestatarios, prohibiendo que se destaque la rapidez de los préstamos sobre su costo total.
Otra modificación clave es la supervisión del crédito. Solo las entidades registradas y reguladas por el Banco de España podrán ofrecer créditos al consumo, una medida que busca integrar a operadores que actuaban sin regulación. Se crearán nuevas figuras para aquellos que ofrecen créditos de alto coste, garantizando que los préstamos otorgados por entidades no autorizadas sean considerados nulos.
Por último, se tendrán en cuenta la evaluación de solvencia y la consulta del historial crediticio para evitar que los consumidores caigan en situaciones de sobreendeudamiento.
Con estas reformas, el Gobierno busca no solo modernizar el mercado de crédito al consumo, que ya representa un 15% del total de créditos a los hogares, sino también ofrecer protección a los segmentos más vulnerables. El texto del anteproyecto está disponible para comentarios hasta el 30 de enero, iniciando así un diálogo necesario para su implementación.
