El Banco de España reforzará su papel en el mercado de créditos, gracias a un nuevo anteproyecto de ley que busca proteger a los consumidores y asegurar la integridad del sistema financiero. Esta normativa, que está en proceso de aprobación, introduce medidas significativas para controlar cómo se conceden los préstamos a hogares.
Una de las novedades más destacadas es que el Banco de España tendrá la capacidad de prohibir la concesión de créditos o restringir prácticas comerciales si se detectan riesgos que puedan afectar a los consumidores o al funcionamiento del mercado. Esto se establece en el texto de la ley, publicado recientemente, que también menciona que el Banco podrá tomar acciones disciplinarias y sanciones en caso de irregularidades.
Un mercado más seguro
El anteproyecto, que adapta las directivas europeas sobre crédito al consumo, exige que todas las entidades que otorguen préstamos en España estén registradas y supervisadas por el Banco de España. Esto incluye empresas que ofrecen microcréditos, créditos revolving y préstamos rápidos a través de plataformas digitales, las cuales, hasta ahora, estaban operando en gran medida sin supervisión, lo que generaba abusos en la fijación de intereses.
El Banco de España estará facultado para implementar medidas preventivas o sancionadoras si considera que una práctica comercial o un crédito supone un riesgo significativo. Esto podría incluir la suspensión temporal de la concesión de créditos, asegurando que se actúe siempre de forma proporcional y evaluando la gravedad de la situación. En casos de riesgo inminente, el Banco podrá actuar rápidamente, incluso sin aviso previo, con un límite de intervención de tres meses para permitir una evaluación adecuada de la situación.
Todas las restricciones que imponga el Banco de España serán anunciadas públicamente, tomando como referencia el sistema de advertencias que utiliza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para alertar sobre entidades no autorizadas.
Mejoras en la gobernanza
Otra mejora que busca la normativa es la posibilidad de que el Banco de España realice cambios en la gobernanza de las entidades prestadoras, exigiendo destituciones de directivos que no cumplan con los estándares requeridos. También se refuerza la obligación de consultar el historial crediticio de los solicitantes para prevenir sobreendeudamientos, determinando que incluso los microcréditos deben estar sujetos a supervisión.
La nueva ley apunta a proporcionar mayor protección a los consumidores más vulnerables y a modernizar un sector que ha experimentado un crecimiento rápido debido a la digitalización. La consulta pública del anteproyecto estará abierta hasta el 30 de enero, permitiendo a la comunidad presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.
Publicidad clara y responsable
Además, la normativa establece límites estrictos para la publicidad de productos de crédito. Se prohíbe sugerir que un préstamo puede mejorar la situación económica del consumidor o sustituir el ahorro. La comunicación publicitaria deberá ser honesta, objetiva y transparente, incluyendo siempre un aviso claro sobre la naturaleza vinculante del crédito.
Este avance legislativo representa un hito importante en la protección del consumidor, permitiendo decisiones financieras más informadas y resguardando a los prestatarios de abusos. Con límites establecidos sobre tasas de interés y el fortalecimiento del papel del Banco de España en la supervisión, se espera que las condiciones de los créditos sean más claras y seguras para los ciudadanos.
