Las costas procesales, ese tema tan delicado que implica los gastos que enfrenta la parte que pierde un proceso judicial, ha vuelto a ocupar titulares gracias a la reciente Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este nuevo marco legal no solo busca modernizar el sistema judicial español, sino que también introduce cambios notables en la forma en que se aplican estas costas, ligándolas a la buena o mala fe de los involucrados. El objetivo es premiar la cooperación en la resolución de conflictos fuera de los tribunales y castigar el abuso procesal, en un contexto donde aún falta claridad para calcular los gastos judiciales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a varios colegios de abogados por publicar baremos de costes, lo que ha dejado a los ciudadanos en una situación de incertidumbre.
### Transformación del Enfoque de las Costas
La Ley Orgánica 1/2025, más conocida como Ley de Eficiencia Procesal, transforma el enfoque tradicional de las costas. Ahora, se evalúa el comportamiento de las partes, especialmente si rechazaron sin justificación un acuerdo extrajudicial. Según Alejandro Asensio, presidente de la Asociación de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), esto puede llevar a la modificación o imposición de las costas y no penaliza el derecho a litigar, sino la falta de colaboración. Asensio aconseja a los litigantes que consideren los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) no como un mero trámite, sino como una oportunidad real para resolver conflictos.
La esencia de la reforma es desincentivar pleitos innecesarios y promover soluciones alternativas, aunque muchos abogados sienten recelo. La nueva norma también establece un procedimiento de tasación que podría impactar en sus honorarios, al objetivar criterios y reducir la discrecionalidad judicial. Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), subraya que millones de españoles enfrentan decisiones cruciales sin conocer el posible coste de recurrir a la justicia. Él defiende que los colegios de abogados deberían tener el derecho a informar sobre estos costes, tal como dispone la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa.
### El Deber de Informar
El deber de informar sobre las costas recae directamente en los abogados, quienes deben evaluar escenarios y asesorar sobre la proporcionalidad de los posibles costes. “Ningún ciudadano debería ir a juicio sin entender el riesgo económico que implica”, enfatiza Asensio, abogando por una regulación que establezca parámetros claros y homogeneizados. Noelia Ayala, de Auren Legal, señala que esta exigencia puede ser compleja para los abogados, quienes a menudo deben reportar cuantías inaprehensibles.
En particular, litigando contra la Administración, la incertidumbre se acentúa, ya que, en la mayoría de los casos, las costas no se imponen a esta si pierde, salvo en situaciones de temeridad manifiesta. Esto coloca a los ciudadanos en una posición difícil: deben costear el reconocimiento de sus derechos. Ayala sugiere que es imperativo alinearse con el Convenio de Aarhus, que demanda claridad sobre las costas involucradas, ya que pueden actuar como barrera para acceder a la justicia. Propone que los recurrentes puedan solicitar al juez un límite previo en el importe de las costas, ya sea para ambas partes o exclusivamente para el demandante, lo que brindaría más seguridad al ciudadano.
### La Necesidad de Norma Clara
Los operadores jurídicos claman por una norma que unifique la imposición, cuantificación y proporcionalidad de las costas, especialmente tras la introducción de los MASC por la Ley de Eficiencia Procesal. Existe un consenso entre los profesionales: es fundamental garantizar la transparencia en este aspecto.
Durante años, el modelo de negocios en el ámbito de los servicios jurídicos ha girado en torno a las costas procesales, convirtiéndolas en un punto focal de muchos despachos. Estrategias que fragmentan reclamaciones para maximizar las condenas en costas han sido comunes, especialmente en casos de reclamaciones masivas contra entidades bancarias. De hecho, el Tribunal Supremo ha reiterado que los bancos deben asumir estas costas cuando se estiman recursos de apelación en casos de cláusulas abusivas. Sin embargo, la futura Ley de Acciones Colectivas podría alterar significativamente estas dinámicas.
El futuro de las costas procesales en España plantea desafíos, pero también oportunidades para la justicia y transparencia en el sistema jurídico. La clara regulación y la colaboración en la resolución de conflictos son pasos esenciales hacia un sistema más equitativo.
