El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado un proceso de modificación del Reglamento del Sector Ferroviario con un objetivo claro: evitar la implementación de un sistema de indemnizaciones más elevado por retrasos en Renfe. Esta medida estaba prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, impulsada por una enmienda del PP en el Senado.
En este contexto, el departamento dirigido por Óscar Puente ha revelado que la reciente Ley de Movilidad Sostenible incluye una disposición adicional. Esta regula una nueva política de compensaciones para los viajeros que experimenten incumplimientos en los estándares de calidad del servicio ferroviario, aunque cabe destacar que esta regulación se aplica exclusivamente a Renfe, dejando a un lado a los demás operadores del sector.
Un análisis profundo
El Ministerio fundamenta su decisión en un informe de la Abogacía del Estado que ha evaluado las implicaciones de esta normativa. Según este análisis, la operadora pública no está obligada a aplicar la nueva política el 1 de enero, ya que es necesario un desarrollo normativo adicional. Para que este esquema de indemnizaciones sea efectivo, sería imprescindible aprobar una nueva regulación o modificar el actual Reglamento del Sector Ferroviario.
Por lo tanto, se ha decidido comenzar el proceso de modificación de dicho Reglamento, siguiendo las conclusiones del informe jurídico y cumpliendo el mandato de la Ley de Movilidad Sostenible. Mientras se finaliza este procedimiento, el régimen de compensaciones de Renfe se mantendrá tal como está actualmente.
Esta reforma surge en línea con las declaraciones de Puente en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, donde destacó la necesidad de un análisis jurídico sobre la equidad de imponer dicha obligación únicamente a Renfe. “No es justo que, en caso de un retraso de Ouigo que afecte a varios trenes de Renfe, solo esta última tenga que indemnizar a sus viajeros”, argumentó el ministro.
La postura del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, también va en consonancia con estas declaraciones. En una reciente entrevista, destacó que no habrá cambios en la política comercial de la operadora con la llegada del nuevo año, y defendió la inconstitucionalidad de la enmienda aprobada por el Parlamento.
Este debate sobre las indemnizaciones se presenta como un tema crucial en el sector ferroviario español, reflejando las complejidades y desafíos que enfrenta en su proceso de modernización.
