Representantes de diversas organizaciones que luchan por el derecho a una vivienda digna se concentraron este martes frente al Congreso de los Diputados. Su objetivo: exigir la prórroga de la moratoria antidesahucios que se implementó durante la pandemia y cuyo vencimiento está programado para el 31 de diciembre. Aproximadamente 40 manifestantes solicitaron que esta suspensión de desalojos por impago de alquiler, que podría impactar a 60,000 familias vulnerables, sea extendida indefinidamente.
Entre los grupos presentes se destacaron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sindicatos de inquilinos y Amnistía Internacional. Durante la protesta, anunciaron su intención de entregar un manifiesto a los portavoces de vivienda de los diferentes partidos, esperando concretar reuniones a lo largo de esta semana. Sin embargo, en el Ministerio de Vivienda, las perspectivas sobre la prórroga se ven complicadas por la actual aritmética parlamentaria.
David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, habló sobre este asunto durante un evento organizado por la Fundación Alternativas. Reconoció que, desde 2020, se han construido mecanismos de protección social como respuesta a diversas crisis, sin embargo, la diversidad política actual puede convertir la aprobación de medidas en un desafío casi infranqueable.
La lucha por la permanencia de la moratoria
La moratoria para desalojos por impagos de alquiler se introdujo hace cinco años y ha sido prorrogada en múltiples ocasiones. La última prórroga, según el Real Decreto-ley 9/2024, estipuló que la suspensión se mantendría hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el Consejo de Ministros propuso una extensión de la suspensión de desahucios hipotecarios para deudores vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028. Sin embargo, esta última medida es menos comprometida, ya que ha estado en vigor desde que un gobierno del PP la implementó en 2013.
Paco Morote, portavoz de la PAH, enfatizó que es crucial que esta medida se convierta en algo permanente. Según él, no es viable vivir bajo la incertidumbre de si la moratoria se aprobará cada año. «Estamos aquí, frente al poder público más influyente de nuestro país, para exigir que esta norma se transforme en una solución estructural mientras persista la crisis de vivienda», declaró.
Compromisos internacionales en juego
Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, subrayó que España ha ratificado tratados internacionales que obligan al Estado a proteger a quienes están en riesgo de desalojo. «El Estado debe garantizar alternativas de vivienda digna, incluso en los casos en que ocurra un desahucio», añadió.
Según el Observatori DESCA, a pesar de que las administraciones tienen la obligación de ofrecer alojamiento a las familias desalojadas, solo el 2% recibe alternativas temporales y apenas un 3% accede a viviendas sociales.
Propuestas urgentes para el futuro
Las organizaciones demandan que la moratoria se extienda mientras se elabora un plan de acción que asegure a las familias en riesgo de desalojo. Esto incluiría la creación de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda y la movilización de viviendas privadas bajo control de grandes tenedores.
En su manifiesto, las entidades firmantes, que incluyen a actores relevantes como el Sindicato de Inquilinas de Madrid y varias organizaciones sociales, enfatizan la urgencia de implementar estas medidas para asegurar el bienestar de las familias vulnerables en España.
