La elevación del salario mínimo ha sido una de las prioridades del Gobierno de coalición desde su inicio. Desde que Pedro Sánchez asumió el poder en 2018, esta renta ha experimentado un notable incremento del 61%. Según un reciente informe de expertos seleccionados por el Ministerio de Trabajo, se propone un aumento del 3,1% para el próximo año si el salario mínimo queda exento de tributación. Si, por el contrario, se grava con el IRPF, el incremento sería del 4,7%. En consecuencia, el salario mínimo podría situarse entre 1.221 y 1.240 euros brutos al mes.
Aún queda tiempo para que el ministerio de Yolanda Díaz concrete su propuesta basada en este informe, aunque se espera que se aproxime a estas cifras. Lo cierto es que, a pesar del avance del salario mínimo en comparación con años anteriores, que lo mantenían rezagado respecto a otros países de la UE, este año el verdadero debate gira en torno a si debería comenzar a tributar o si sería más adecuado que permaneciera exento.
¿Por qué es importante la exención fiscal?
Considerar la exención del IRPF para trabajadores con ingresos modestos tiene su lógica en términos de corresponsabilidad fiscal. Un sistema tributario progresivo debería cargar más a quienes mayores ingresos generan. Sin embargo, es esencial reconocer que si los salarios mínimos alcanzan un nivel digno, también se debe asumir que contribuirán al fisco.
Este tema ya fue objeto de discusión el año pasado, provocando un gran conflicto entre los partidos del Gobierno. Para mitigar tensiones –Yolanda Díaz defendía la no tributación, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba por gravar el salario mínimo como otras rentas–, el Ejecutivo finalmente llegó a una solución intermedia. Decidieron aplicar una deducción específica que compensara a los trabajadores afectados. Así, aquellos que percibían el salario mínimo comenzaron a tributar, pero a la hora de presentar su declaración, recibían una devolución equivalente.
Este año, la Agencia Tributaria parece dispuesta a adoptar una medida similar. El Ministerio de Economía sostiene que lo primordial es garantizar que el salario mínimo no pierda su poder adquisitivo. Sin embargo, eximir indefinidamente a un número creciente de trabajadores de contribuir al fisco no es una solución viable a largo plazo.
Probablemente, la parte más vulnerable de este colectivo merezca un apoyo adicional adaptado a sus circunstancias personales o familiares, pero no una completa exención que otros, como los pensionistas que reciben un ingreso equivalente, no disfrutan. Contribuir a las arcas públicas presenta una oportunidad fundamental para dignificar el salario mínimo y demostrar que ya no se encuentra en niveles sumamente bajos, como señalan numerosos expertos en tributación.
