La reciente absolución de José Manuel Villarejo, el comisario jubilado, en relación a sus trabajos para Repsol y CaixaBank durante 2011 y 2012, ha creado un precedente crucial que podría influir en otros juicios que afectan a compañías del Ibex 35 y sus exdirectivos. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional determinó que el delito de descubrimiento y revelación de secretos, relacionado con las escuchas telefónicas al ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ha prescrito. Este fallo también indicó que los pagos a Cenyt, la firma de Villarejo, no deben considerarse como cohecho, sino como una retribución por servicios prestados. Este enfoque legal refuerza la defensa de ejecutivos de Iberdrola y BBVA que se encuentran en situaciones similares, quienes ahora pueden reclamar su exculpación bajo el mismo razonamiento.
La controversia del caso Villarejo
El conocido caso Villarejo se destapó en octubre de 2017, pero no captó la atención de los inversores hasta finales de 2018 y 2019, cuando se supo que algunas compañias habían recurrido a los servicios de espionaje de Villarejo. Las imputaciones contra Repsol, CaixaBank, BBVA e Iberdrola llegaron más tarde, aunque las acusaciones han perdido fuerza con el tiempo. El tribunal que ha tratado las primeras investigaciones no ha encontrado pruebas suficientes del delito principal de cohecho.
Hasta ahora, solo se han juzgado los hechos relacionados con el encargo conjunto de Repsol y CaixaBank. Ninguno de los directivos involucrados compareció ante el tribunal, ya que el juez determinó que los sistemas de cumplimiento normativo de ambas empresas estaban funcionando correctamente. Aunque se buscó información sobre un acuerdo entre Sacyr y la petrolera mexicana Pemex, los ejecutivos no tenían conocimiento de las actividades de Villarejo, motivo por el cual se retiraron todas las acusaciones en su contra.
Condenas y absoluciones
Los exdirectores de seguridad de Repsol y CaixaBank, junto a Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, fueron los únicos encausados. El tribunal determinó que no hubo cohecho, fundamentando que los servicios de Villarejo eran ajenos a su labor como comisario. Así, Villarejo fue condenado a ocho años de prisión, y su socio a seis, por revelación de secretos. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas mucho más severas, el tiempo que tardó el juicio afectó las sentencias.
Recientemente, la Sala de Apelación modificó parcialmente la sentencia, considerando que los hechos estaban prescritos. El delito de revelación de secretos se evaluó junto al de cohecho, por lo que el plazo máximo era de diez años, pero al no haber consecuencias penales para el cohecho, el tiempo para juzgar el delito de secretos expiró a los cinco años.
Por ahora, Villarejo ha acumulado condenas que suman 16 años de prisión, marcando una nueva victoria para él tras ser absuelto en otros procesos.
La mirada hacia Iberdrola y BBVA
Los directivos de Iberdrola y BBVA esperan que se aplique la «doctrina Repsol y CaixaBank» en sus casos. Antes de conocer el nuevo criterio del tribunal, algunos ya habían solicitado la prescripción en sus recursos, pero hasta ahora se les ha negado. En el caso de Iberdrola, sólo el exjefe de seguridad, Antonio Asenjo, está señalado para juicio, enfrentando una petición de la Fiscalía de 42 años de prisión.
Por su parte, BBVA está en una situación más complicada, siendo la única empresa del Ibex 35 que se ha propuesto para ir a juicio junto a varios exdirectivos. La fiscalía tiene pendiente una resolución que podría influir en todos los acusados. Entre los altos cargos de BBVA se encuentran Francisco González y Ángel Cano, quienes han presentado recursos contra su imputación, alegando falta de pruebas y la prescripción de los delitos.
El desenlace de estos casos dependerá en gran medida de las decisiones que toman los tribunales en relación a las antiguas acusaciones y el tiempo de prescripción de los delitos asociados. En un contexto en el que tanto la reputación empresarial como la integridad de los directivos están en la balanza, los próximos meses serán cruciales para el futuro legal de estas compañías y sus líderes.
