El Boletín Oficial del Estado ha dado un paso significativo al publicar nuevas disposiciones que afectarán las retribuciones de las compañías eléctricas en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para el tercer periodo regulatorio, que abarca de 2026 a 2031. Según los detalles expuestos, la tasa de retribución financiera para la producción en estos territorios se ha establecido en un 6,58%. Esta cifra, calculada a partir de la Ley del Sector Eléctrico, tiene como objetivo garantizar la estabilidad económica de las instalaciones que operan bajo un régimen retributivo adicional, dado el contexto particular de estas regiones.
Un marco financiero más fuerte
Este 6,58% no es una cifra aislada. Coincide con la rentabilidad aprobada el 22 de diciembre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las actividades de transporte y distribución a nivel nacional. La unificación de esta rentabilidad implica un aumento de un punto porcentual respecto al 5,58% vigente en el periodo anterior. Este incremento responde a las demandas del sector, que busca compensar los crecientes costes de financiación y asegurar que España continúe siendo un destino atractivo para inversiones significativas en la red eléctrica.
Retos de la generación en islas y pequeñas ciudades
La decisión sobre esta tasa surge ante la necesidad de abordar el sobrecoste que genera la producción de electricidad en sistemas aislados y pequeños. En lugares como Canarias y Baleares, producir un megavatio-hora es considerablemente más costoso que en el sistema peninsular interconectado. Este «sobrecoste de la generación extrapeninsular» se cubre al 50% a través de los Presupuestos Generales del Estado y el otro 50% mediante los peajes que todos los consumidores abonan en su factura de la luz. De esta forma, ciudadanos en Las Palmas o Palma de Mallorca pagan lo mismo que aquellos en Madrid o Barcelona, garantizando equidad en los costos.
Propuestas y ajustes futuros
Como medida excepcional, el Ministerio ha decidido extender hasta el 28 de febrero de 2026 el plazo para aprobar la orden ministerial que especificará todos los parámetros retributivos. A pesar de este retraso, se garantiza que los nuevos valores tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Para evitar problemas financieros en las empresas del sector durante los primeros meses del año, se permitirá que sigan recibiendo las liquidaciones actuales, con ajustes que se realizarán una vez que la orden definitiva entre en vigor.
Visión hacia la sostenibilidad
La fijación de esta tasa del 6,58% llega en un momento crucial para el sector energético, en plena transición hacia un modelo más sostenible. Los sistemas no peninsulares son vistos como «laboratorios» para esta transición, aunque también enfrentan desafíos técnicos debido a la fragilidad de sus redes eléctricas. Un marco retributivo sólido es imprescindible para atraer inversiones en almacenamiento, como el bombeo hidráulico y las baterías de gran escala, que permitirán reducir la dependencia de las centrales térmicas convencionales que aún son fundamentales.
Por último, la normativa refuerza la vigilancia de los costes de energía en estas regiones, encargando a la CNMC la tarea de realizar evaluaciones periódicas, al menos cada tres años. Este análisis no solo tendrá como meta garantizar que el sistema opere al coste más bajo posible, sino también incluirá propuestas regulatorias para que las islas y ciudades autónomas cumplan con los objetivos de descarbonización establecidos a nivel nacional.
