El Consejo de Ministros ha dado un paso importante al aprobar una parte de la subida salarial que afectará a más de tres millones de trabajadores públicos en España. Este acuerdo, alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y, recientemente, CC OO, establece un aumento del 2,5% para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% a partir del 1 de enero de 2026. En total, esto significará un incremento acumulado del 4%, que podría llegar al 4,5% si se añade otro 0,5% ligado a la variación del IPC.
Detalles de la Subida Salarial
¿Quiénes se benefician?
El aumento beneficiará a unos 540,000 empleados del Estado, que recibirán el 2,5% en diciembre de este año, con un pago adicional que compensará la diferencia desde enero de 2025. Para ilustrar, un trabajador con un salario promedio de 3,300 euros brutos al mes podría recibir aproximadamente 1,140 euros en los atrasos cobrados en diciembre. Otras administraciones públicas, como las autonómicas y municipales, también tienen la opción de aplicar estos atrasos de inmediato o distribuirlos hasta 2028.
Incrementos futuros
La legislación también contempla un aumento del 1,5% en 2026. Este incremento se calculará sobre los salarios en vigor a finales de 2025, lo que llevará a una subida total del 4% entre diciembre de este año y enero del próximo. Además, existe la posibilidad de un aumento adicional del 0,5%, condicionado a que la inflación supere el 1,5% en 2026.
El decreto que regula este aumento salarial entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero necesitará ser respaldado por el Congreso para mantener su validez.
CC OO se Une al Pacto
La incertidumbre que había surgido la semana pasada ha quedado resuelta con la decisión de CC OO de adherirse al acuerdo, tras un debate interno. El sindicato, dirigido por Unai Sordo, afirmó su compromiso con el cumplimiento de este pacto y la necesidad de abordar los temas pendientes del acuerdo marco de 2022.
Objetivos de Estabilidad Fiscal
En la misma sesión, el Gobierno ha revalidado la senda de estabilidad que fue rechazada en el Congreso recientemente. Esta decisión es esencial para dar continuidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Si este planteamiento es nuevamente rechazado, se aplicará automáticamente el equilibrio presupuestario estipulado en la Constitución para las comunidades autónomas, lo que significaría un ajuste inmediato en las cuentas de varios gobiernos regionales, principalmente aquellos controlados por el PP.
La nueva senda fiscal establece que el déficit público conjunto debe reducirse al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por su parte, la Administración Central debe alcanzar un déficit del 1,8%, 1,5% y 1,4% en los años mencionados. Las comunidades autónomas tienen un margen de 0,1% de déficit, lo que representa una oportunidad de casi 5,500 millones en tres años que podrían perder si el plan se bloquea nuevamente. Madrid y Cataluña se perfilan como las más beneficiadas.
Riesgo de Bloqueo y Respuestas del Gobierno
El Gobierno ha señalado al PP, que tiene el control de varias comunidades, por actuar en contra de los intereses de sus territorios al bloquear estos recursos. Además, recordó que la Ley de Estabilidad permite presentar una segunda senda en caso de rechazo, pero con la advertencia de que, si se falla de nuevo, se activará el principio de estabilidad presupuestaria de manera automática.
Este escenario podría ser inédito y dará mucho de qué hablar en los próximos meses, ya que se espera saber si el Ejecutivo contará con el respaldo legal necesario para seguir adelante.
