El Gobierno ha dado un importante paso para aligerar la carga económica que muchas empresas españolas han enfrentado desde la pandemia de COVID-19. Publicada el 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una nueva prórroga se ha introducido para que estas compañías puedan manejar sus deudas sin temor a disolverse legalmente.
Una Oportunidad para la Recuperación
La medida más destacada es la extensión de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, brindando a miles de empresas la oportunidad de permanecer en el mercado. Esta disposición adicional asegura que las pérdidas acumuladas durante 2020 y 2021 no contarán en el balance hasta finales del ejercicio 2026. En términos de la Ley de Sociedades de Capital, si el patrimonio neto de una empresa cae por debajo de la mitad de su capital social, normalmente debería cerrar. Sin embargo, esta prórroga ofrece un alivio muy necesario, permitiendo que los efectos negativos de la pandemia se congelen por un año más.
Justificación de la Medida
El Gobierno ha justificado esta urgencia ante la próxima caducidad de los plazos anteriores. Según el marco legal, el propósito es permitir que las empresas “viables” puedan recuperarse de las pérdidas extraordinarias de manera prudente, evitando que medidas contables precipiten su cierre. Sin embargo, también se establecen límites para evitar que empresas no viables permanezcan en el mercado.
Las pérdidas generadas entre 2022 y 2026 seguirán siendo contabilizadas, lo que significa que cualquier empresa que enfrente problemas financieros por estos resultados recientes no se beneficiará de esta prórroga. Además, si la empresa sigue en una situación de disolución después del 2026, los administradores deberán convocar a una junta de socios en un plazo de dos meses para decidir sobre la liquidación o una ampliación de capital.
Esta medida ha sido recibida positivamente, especialmente por los sectores más afectados, que aún luchan por recuperar su solvencia previa a 2020. Al extender estas protecciones, el Gobierno busca no solo preservar empleos, sino también fomentar la estabilidad económica, permitiendo que las empresas se sanen de manera gradual.
Financiación y Apoyo a Comunidades Autónomas
Además de la prórroga mencionada, el BOE ha publicado un Real Decreto-Ley que busca impedir que caigan diversas exenciones fiscales y ayudas directas que vencían el 31 de diciembre de 2025. Dado que no se han aprobado nuevos Presupuestos para 2026, el Ejecutivo ha agrupado estas urgencias en un único texto legal para asegurar que las comunidades no queden desprovistas de apoyo financiero a partir del nuevo año.
Este decreto garantiza la estabilidad financiera de las Comunidades Autónomas, prorrogando sus entregas a cuenta y asegurando que cuenten con recursos suficientes para mantener los servicios públicos esenciales. La normativa es provisional, ya que el Gobierno está preparando una actualización definitiva para 2026 que incrementará las partidas destinadas a estas regiones.
Entre las medidas importantes, también se incluye la extensión de los límites para la tributación por módulos del IRPF para trabajadores autónomos, asegurando que la capacidad económica de las Comunidades Autónomas se mantenga intacta mientras se estructura el nuevo marco financiero para el próximo año.
Además, el texto legal refuerza las ayudas destinadas a aquellos afectados por incendios forestales y otras emergencias, destacando el compromiso del estado en garantizar el apoyo en situaciones críticas.
Estas medidas son una señal positiva para un entorno empresarial que aún se recupera, brindando las herramientas necesarias para afrontar los retos actuales y futuros.
