El Gobierno ha dado un paso importante para mejorar el acceso a la vivienda mediante la aprobación de un nuevo aval dirigido a propietarios que alquilen a menores de 35 años o a personas en situaciones vulnerables. Esta iniciativa, puesta en marcha por medio de un real decreto, busca que los arrendadores ofrezcan precios de alquiler asequibles, de acuerdo a los índices de referencia del Instituto Nacional de Estadística.
Ventajas para propietarios
Quienes decidan participar en este programa, depositen la fianza correspondiente y utilicen el modelo de aval adecuado, obtendrán la tranquilidad de que la Administración cubrirá cualquier impago de alquiler, así como los suministros y posibles daños a la vivienda ocasionados por los inquilinos. Esta medida, presentada por el presidente Pedro Sánchez en enero y basada en un modelo francés, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a colectivos como jóvenes y personas vulnerables.
El Gobierno reconoce que muchos propietarios son reacios a alquilar a estos grupos debido a la percepción de menor solvencia económica. Esto ha llevado a que, en un contexto de alta demanda, los arrendadores prefieran a inquilinos con mayor poder adquisitivo para minimizar el riesgo de impago. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, afirmó que están dando un paso adicional para facilitar el acceso a la vivienda.
Gestión y desarrollo
La implementación de este aval estará a cargo de las comunidades autónomas, las cuales podrán establecer sus propios criterios. En un futuro cercano, se prevé la disposición de una línea presupuestaria para financiar este programa. Las autoridades locales deberán proporcionar información semestral al ministerio sobre las coberturas activadas.
Existen ya varias comunidades autónomas que han desarrollado iniciativas similares. Por ejemplo, el Gobierno Vasco gestiona alrededor de 7,400 viviendas mediante un sistema de garantías públicas que protege tanto a arrendatarios como a propietarios. Con su programa Alokabide, que opera desde 2002, asegura a los dueños el pago mensual del alquiler y la recuperación de la vivienda en las mismas condiciones. A los inquilinos se les garantiza un precio por debajo del mercado.
Ejemplos en otras regiones
Otros ejemplos notables incluyen el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, que funciona desde 2008, y el programa EtxeON de Navarra, que promueve el alquiler social. En Asturias, el nuevo programa Alquilámoste permite a propietarios acceder a bonificaciones fiscales y asegura que los inquilinos paguen un alquiler hasta un 10% inferior al precio de mercado, limitando a su vez el alquiler al 30% de los ingresos del hogar.
Por otro lado, la deuda neta emitida por el Tesoro Público se ha programado en 55,000 millones de euros para 2026, manteniendo el mismo nivel que el año anterior. El Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha enfatizado la importancia de maximizar el uso de transferencias europeas mientras se minimiza la carga de la deuda pública.
Implicaciones para la economía
Este enfoque permitirá a España aprovechar los 103,000 millones en ayudas que forman parte del Plan de Recuperación, de los cuales 71,000 millones ya han sido desembolsados. La estimación gubernamental indica que esta inyección tendrá un impacto positivo en el PIB de aproximadamente 3.4 puntos en diez años, de los cuales 2.6 puntos ya se han logrado.
Cuerpo subrayó que el país ha cumplido con más de 260 hitos, siendo solo superado por Italia, y que la nueva adenda al plan incluye 13,000 millones adicionales para el Instituto de Crédito Oficial. Sin embargo, todavía hay hitos por cumplir, como la subida fiscal al diésel, cuya aprobación debe realizarse antes de finalizar enero, tras recibir una prórroga por parte de la Comisión Europea.
Con esta medida integral, el Gobierno busca no solo aliviar la carga de la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables, sino también estimular la economía española a través de un acceso más equitativo a la vivienda.
