Las trabajadoras del hogar en España, un sector predominantemente femenino, presentan un panorama complejo en cuanto a la evaluación de riesgos laborales. A pesar de que 378.000 empleadas tienen derecho a que sus situaciones sean analizadas, aproximadamente 110.000 aún no han recibido esta evaluación, lo que representa un 29% de incumplimiento de la normativa vigente desde el 14 de noviembre.
Avances y retos en la evaluación de riesgos
Hasta el 30 de noviembre, se registraron 268.639 evaluaciones realizadas a través de la plataforma gratuita habilitada por el Ministerio de Trabajo, prevencion10.es. Esta herramienta facilita que los empleadores completen las evaluaciones requeridas. Sin embargo, el contraste entre la cifra de evaluaciones y las afiliaciones a la Seguridad Social —378.729 profesionales dedicadas a esta actividad— indica que un significativo número de trabajadoras aún carece de esta protección.
Aunque algunas voces sugieren que es posible que algunos hogares hayan optado por servicios de prevención ajenos a la plataforma del ministerio, expertos de la materia creen poco probable que esa sea la norma. Con una mayor presencia de trabajadoras con varios empleos en distintos hogares, debería haber tantas evaluaciones como afiliaciones para cumplir con la normativa.
Un sector vulnerable y necesidades de comunicación
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, se ha propuesto mejorar las condiciones de este colectivo, donde el 93% son mujeres, muchas de ellas en situaciones de precariedad laboral con salarios que apenas superan los 1.138 euros brutos mensuales. Aunque un 70% de los empleadores ya ha cumplido con la evaluación, la falta de información clara sobre la obligatoriedad de este proceso ha limitado su efectividad.
Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), señala que muchos hogares pueden no estar al tanto de esta obligación. La comunicación del ministerio ha sido insuficiente, comparando la situación con campañas informativas más efectivas en otros ámbitos, como la declaración de la renta. Al mismo tiempo, Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, y Mariano Sanz, de CC OO, también piden un refuerzo en la difusión de esta normativa y una vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo.
Faltan recursos y cumplimiento de plazos
El 29% de trabajadoras que aún no tienen evaluación refleja un problema considerable que debe abordarse. Aunque algunos consideran esta cifra dentro de lo normal, persiste la crítica sobre los 110.000 incumplimientos. Además, tanto la plataforma formativa sobre prevención de riesgos como un protocolo para situaciones de acoso siguen pendientes, incumpliendo los plazos establecidos por el ministerio desde marzo y septiembre, respectivamente.
Impacto del nuevo derecho en el empleo
El temor de que este nuevo derecho conduzca a una reducción de empleo en el sector no se ha materializado, dado que la afiliación ha crecido globalmente un 12,6% desde 2019, a pesar de que las trabajadoras del hogar han visto una caída del 13,9%. Este fenómeno podría estar ligado a la mejora en las condiciones laborales, así como a un posible auge de la economía sumergida. Sin embargo, el hecho de que no haya ocurrido una destrucción significativa de empleo al implementar la obligación de evaluación es visto como algo positivo, aunque se inste a buscar más incentivos para promover la contratación en este sector.
La herramienta prevencion10.es, aunque experimentó problemas técnicos previos a su entrada en vigor, sigue disponible para hogares que aún no hayan cumplido con la obligación de evaluación. Así, se mantiene el compromiso de avance hacia un marco normativo que garantice la protección de todas las trabajadoras del hogar en España.
