Hubo un tiempo en que el Ministerio de Trabajo disfrutaba de un sólido respaldo tanto de empresas como de sindicatos para implementar sus reformas. Al inicio de la anterior legislatura, en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, Yolanda Díaz logró la colaboración de sindicatos como CC OO y UGT, así como de las patronales CEOE y Cepyme. Sin embargo, esa atmósfera de acuerdos se ha desvanecido en la segunda mitad de la legislatura y parece no resurgir en 2023.
Cambios en el panorama de acuerdos
El lunes pasado, el Ministerio y los sindicatos acordaron, de manera unilateral, extender a diez días el permiso por fallecimiento, sin la participación de las patronales. Se trata de una ruptura significativa; desde hace un año y medio, las patronales no han formado parte de ningún acuerdo con el Ministerio, marcando así la etapa más larga de desavenencias bajo la dirección de Díaz. La situación se complica aún más con las críticas mutuas y las acusaciones de electoralismo que resuenan en ambas partes.
Durante lo que va de legislatura, el Ministerio ha sellado seis acuerdos con los sindicatos, que incluyen el aumento del salario mínimo para 2024 y 2025, la ampliación del permiso por fallecimiento, la reforma del subsidio por desempleo, la reducción de jornada y las medidas contra la discriminación laboral hacia el colectivo LGTBI+. Sin embargo, solo las medidas contra la discriminación contaron con el respaldo de la patronal, aunque CEOE y Cepyme lograron diluir ese apoyo al ausentarse en la firma del acuerdo en junio de 2024.
El último desacuerdo ya se veía venir, ya que hace diez días el Ministerio decidió continuar las negociaciones sobre los permisos por fallecimiento sin la participación de CEOE y Cepyme, tras el rechazo de estas a aumentar el permiso de dos a diez días. Esta vez, el Ministerio optó por buscar el consenso solo con los sindicatos, en lugar de prolongar indefinidamente el diálogo.
Cuando Díaz anunció la modificación de esta normativa, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, expresó su cansancio ante los constantes anuncios del Ministerio, describiéndolos como “ocurrencias” que persiguen votos. Ante la ruptura de las negociaciones, el Ministerio acusó a Garamendi de rechazar todas las propuestas, con la esperanza de que el Gobierno “caiga” y así beneficiarse en las próximas elecciones patronales.
Desde ambas partes, tanto el Ministerio como la patronal, se ha enfatizado un mensaje claro: las decisiones no son simplemente ideológicas, sino también calculadas en términos políticos por los líderes involucrados.
La dinámica de la falta de acuerdo
El Ministerio argumenta que Garamendi busca mostrarse más beligerante para consolidar su posición de reelección, especialmente tras el reciente temor que experimentó en las elecciones de Cepyme, donde casi perdió ante Gerardo Cuerva. Este último es visto como un competidor que critica la falta de firmeza de Garamendi frente al Gobierno, y el cambio de tono es apreciado por gran parte del empresariado.
Al mismo tiempo, existen opiniones dentro de la patronal que sugieren que las decisiones de Díaz están influenciadas por la presión política de Podemos, lo que a su vez impide alcanzar acuerdos constructivos con las empresas.
La ruptura en torno a los permisos de fallecimiento ocurrió solo una semana después de un conflicto relacionado con la prevención de riesgos laborales, donde a pesar de un diálogo extensivo de casi dos años, tampoco se llegó a un consenso. Las acusaciones intercambio entre el Ministerio y la CEOE aumentaron, con el Ministerio acusando a la patronal de “jugar” con la vida de los trabajadores.
Una legislativa complicada
Las expectativas para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la indemnización por despido son igualmente sombrías, ya que las patronales han decidido no participar más en estas negociaciones tras una primera reunión. Los debates sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) también se presentan complicados, especialmente con las divergencias en torno a la posible compensación de la subida del SMI mediante la absorption de pluses.
En este contexto, el Ministerio de Trabajo busca avanzar en su agenda legislativa, aun cuando el apoyo de las patronales se convierte en un factor esencial para el éxito de cualquier reforma. En años anteriores, Díaz logró sellar varios acuerdos, pero la actual composición parlamentaria y la mayoría de la derecha en el Congreso han complicado la situación, haciendo que muchas iniciativas resulten inviables sin el consenso empresarial.
Hoy, el Ministerio se ve obligado a recurrir a acciones ejecutivas y cambios por decreto, para poder avanzar en su agenda sin depender del Parlamento. Esto incluye la regulación del SMI y otros aspectos que consideran prioritarios para el bienestar laboral, aun cuando se enfrentan a la resistencia de la patronal.
En resumen, la dinámica actual entre el Ministerio de Trabajo y las patronales muestra un panorama tenso, marcado por la falta de acuerdos y los constantes enfrentamientos, lo que impacta directamente en las políticas laborales y en la vida de millones de trabajadores en el país.
