Esta semana, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, expresó su desacuerdo con el plan de despido colectivo anunciado por Telefónica, que afectará a 6.088 empleados. «El dinero público no está para despedir a nadie», afirmó Díaz, subrayando que, aunque el peso del ERE recae en la compañía, el Estado, como principal accionista con un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), también asumirá una parte de los costos.
Reuniones Cruciales para Abordar el ERE
Díaz tiene programada una reunión con Belén Gualda, presidenta de SEPI, para discutir el ERE. Sin embargo, la ministra admitió que si los sindicatos logran un acuerdo con la empresa, su intervención será mínima. Este despido colectivo no solo implica indemnizaciones, sino que también incluye otras obligaciones como el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, específicamente para trabajadores mayores de 55 años.
Costos del ERE de Telefónica
Telefónica, como muchas grandes empresas en situación de beneficios, planea mejorar las condiciones de despido siguiendo la ley. Usualmente, esto se traduce en planes de bajas voluntarias, donde se ofrece a los empleados un porcentaje de su salario hasta alcanzar la jubilación anticipada o la jubilación ordinaria. De no cubrirse voluntariamente, se aplicará un despido colectivo obligatorio.
Detalles Financieros Clave
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Indemnizaciones: En el escenario más probable, los trabajadores afectados recibirán un porcentaje acordado de su salario hasta los 63 o 65 años. En un ERE anterior, el costo total alcanzó 1.300 millones de euros por la salida de 3.421 trabajadores; se estima que esta vez podría superar los 2.000 millones.
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Cotizaciones a la Seguridad Social: La empresa deberá cubrir el pago de las cotizaciones por todos los afectados hasta los 63 años, una obligación legal aplicada especialmente a quienes tengan más de 55 años.
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Aportaciones por mayores de 50 años: Desde 2013, hay una obligación económica para empresas con más de 100 trabajadores que realicen ERE en estado de beneficio. deberán contribuir al Tesoro en caso de incluir a un porcentaje de mayores de 50 años.
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Planes de Recolocación: Según el Estatuto de los Trabajadores, la empresa está obligada a ofrecer planes de recolocación para los despedidos. Estos planes deben tener al menos seis meses de duración y no deben costearse a los empleados.
La Relación con el Gobierno
La intervención del Gobierno en un ERE es limitada. Desde la reforma laboral de 2012, los procedimientos no requieren autorización administrativa previa. Yolanda Díaz ha estado en desacuerdo con el alcance del ERE, calificándolo de «indecente». Su única herramienta es la supervisión de la Inspección de Trabajo, que debe emitir un informe tras el periodo de consultas. Este informe, aunque no vinculante, puede influir si se decide impugnar el ERE.
Maratón de Negociaciones en Diciembre
Las conversaciones comenzaron esta semana entre dirección y sindicatos, quienes enfrentan una intensa agenda de reuniones porque solo cuentan con 30 días para alcanzar un acuerdo. Telefónica busca cerrar un pacto antes de que termine el año para poder cargar el costo del despido en los resultados de este ejercicio fiscal.
Los sindicatos han dejado claro que no aprobarán ningún acuerdo a menos que se incluya la revisión y prórroga de convenios colectivos hasta 2030. Debido a la necesidad de gestionar múltiples ERE y convenios, ambas partes tendrán que organizar al menos nueve encuentros semanales para abordar diferentes aspectos del ajuste y los convenios relacionados.
Este complejo proceso refleja no solo los desafíos internos de la compañía, sino también las tensiones entre el compromiso del Gobierno y las necesidades del mercado laboral.
