En un entorno laboral en transformación, algunos economistas plantean que la reducción de la fuerza laboral podría, de manera paradójica, disminuir el desempleo. España ha estado acumulando, en los últimos años, un superávit anual en la recaudación por concepto de desempleo que alcanza los 6.000 millones de euros. Una parte de estos fondos se destina a políticas de formación, mientras que el resto se canaliza a las arcas del Estado.
Un panorama fiscal complicado
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado que la cotización por desempleo en España (7,05% del salario) supera considerablemente la media de la Unión Europea (3,8%). Este porcentaje se divide en un 5,5% aportado por las empresas y un 1,55% por los trabajadores. Desde 2018, se ha discutido la posibilidad de reducir esta cuota para fortalecer el fondo de pensiones, pero ni el Ministerio de Trabajo ni el de Hacienda han respaldado esta iniciativa.
Aunque el superávit no resuelve los desafíos del sistema de pensiones, sí ayuda a disminuir el déficit de la Seguridad Social. En 2024, se estima que el Estado transferirá aproximadamente 50.000 millones de euros para cubrir sus obligaciones, lo que muchos expertos consideran un déficit significativo.
Gastos impropios en la Seguridad Social
Una parte de los gastos de la Seguridad Social incluye prestaciones que, en teoría, deberían ser financiadas directamente por el Estado, tales como el complemento a las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital. Estos «gastos impropios» rondan los 20.000 millones de euros cada año.
Asimismo, la reforma de la pensión de viudedad se presenta como una mejora necesaria, aunque impopular. El sistema actual, que permite que una persona viuda cobre esta pensión sin límite de ingresos, es incompatible con la nueva realidad de muchas familias. Aunque hay que proceder con sensibilidad, es esencial adaptar las pensiones al contexto social actual, donde cada vez hay más familias monoparentales.
La revolución de la inteligencia artificial
La implantación de la inteligencia artificial (IA) será, sin duda, un factor determinante en el futuro del empleo. Un aumento del 10% en la productividad podría traducirse en 60.000 millones de euros adicionales en recaudación para el gasto social, algo que sería crucial para compensar el déficit en las pensiones. Sin embargo, esto podría generar un aumento momentáneo del desempleo.
Expertos como Albino Prada, de la Universidad de Vigo, sugieren explorar nuevas formas de gravar a las empresas que se beneficien de la IA. Propone que se imponga una mayor carga fiscal a aquellas compañías que generen beneficios a partir del capital en vez de basarse en la fuerza laboral. Esto es vital para equilibrar dispares contribuciones fiscales entre sectores.
Prada presenta una visión innovadora que va más allá de gravar a los robots. Su modelo incluiría una cuota sobre el valor añadido bruto, generando unos ingresos adicionales de 30.000 millones de euros, aliviando así la carga sobre salarios y fortaleciendo la recaudación.
La adaptación del sistema métricamente sería un reto, ya que romper con la lógica contributiva actual podría comprometer los principios de solidaridad que sustentan la seguridad social. A pesar de estas complicaciones, es esencial repensar el enfoque fiscal en un mundo que muta rápidamente hacia la automatización y menos empleo tradicional. La propuesta de Prada, aunque compleja, podría ser una solución a los retos fiscales del futuro.
A medida que avanzamos hacia un modelo económico donde la tecnología juega un papel cada vez más relevante, es fundamental explorar caminos creativos que aseguren la equidad y el bienestar social. ¿Estamos listos para adoptar el cambio? La respuesta dependerá de cómo se gestionen estos desafíos en los próximos años.
