El Pacto de Toledo, un acuerdo político fundamental en España, fue establecido en 1995 con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y estabilidad del sistema de pensiones públicas. En este sistema de reparto, los trabajadores activos financian las jubilaciones de quienes ya se han retirado. A lo largo de sus 30 años de vigencia, este pacto ha constituido la base de todas las reformas de pensiones en el país, presentándose como un éxito en la búsqueda de consenso político y social.
Sin embargo, durante unas jornadas informativas organizadas por el Instituto Santalucía para conmemorar este aniversario, varios de los arquitectos del pacto, tanto del PP como del PSOE, expresaron su preocupación. Alertaron que las reformas recientes impulsadas por el gobierno socialista se han desviado del espíritu original del Pacto de Toledo, ya que no logran mantener el equilibrio intergeneracional. Esto ha llevado a un creciente desbalance entre los recursos públicos destinados a jubilados y a trabajadores activos.
La importancia del consenso
Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social, comentó: “El Pacto de Toledo es un compromiso interpartidario que trasciende las disputas electorales, un logro que ha resguardado el tema de las pensiones de la confrontación política”. Esta unión es crucial, pues asegura que las reformas no solo protejan los intereses de los pensionistas, sino también de los trabajadores que sustentarán el sistema.
García, economista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, resaltó que entre 1995 y 2023, el gasto público creció 1.3 puntos del PIB, mientras que el gasto en pensiones lo hizo en 3.4 puntos. “Esto demuestra una clara preferencia de los legisladores para proteger las pensiones, a expensas de otros aspectos del gasto público”, afirmó.
Además, García señaló que desde 2020 ha habido un cambio notable en la filosofía del pacto, evidenciada en la decisión de mantener una alta tasa de reposición de pensiones, que en España alcanza el 77.2% del último sueldo, comparado con el 44.5% de la media europea. Esta generosidad, sin embargo, ha tenido consecuencias, como la revalorización del 8.4% en 2023 debido a la inflación, lo que supuso un aumento de 15.000 millones en el gasto, cifra que duplica la inversión en políticas de vivienda.
Desafíos para las futuras generaciones
Valeriano Gómez, exministro de Trabajo del PSOE, también advirtió sobre la carga que las nuevas generaciones deberán asumir. A pesar de que las reformas recientes buscan realinear el sistema, aún queda por resolver cómo garantizar que los jóvenes no queden desprotegidos en el futuro.
“Si se hacen las correcciones necesarias, el Pacto de Toledo puede perdurar, pero deben considerarse reformas orientadas al cálculo de pensiones”, apuntó Gómez. En este sentido, abogó por la reintegración de un factor de sostenibilidad que considerara la longevidad, un concepto que fue eliminado en 2020. Esta medida, que busca equilibrar el sistema ante el incremento de la esperanza de vida, podría ser clave para asegurar una viabilidad duradera del sistema de pensiones.
Juan Carlos Aparicio, otro exministro involucrado en la historia del Pacto de Toledo, coincidió en que debe haber una reforma significativa. “El contrato intergeneracional está en riesgo”, resaltó, enfatizando la necesidad de equilibrar el gasto entre jubilados y trabajadores activos. Coincidió en que se debe revisar el cálculo de pensiones y considerar la viudedad y el gasto en incapacidad temporal dentro de las próximas reformas.
Reflexiones finales
A medida que el Pacto de Toledo celebra su aniversario, queda claro que su legado enfrenta desafíos significativos. La necesidad de un sistema que no solo proteja a los jubilados, sino que también garantice el bienestar de las futuras generaciones, se convierte en un imperativo. La colaboración entre partidos y la creación de un marco sostenible serán determinantes para el equilibrio del sistema en los años venideros.
