El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamado urgente a todas las Administraciones públicas para impulsar la construcción de más viviendas públicas y protegidas, destinadas principalmente al alquiler. Esta medida se presenta como una solución a la crisis de acceso a la vivienda que está afectando a toda España. Gabilondo enfatizó que es crucial que estas viviendas mantengan su calificación de protección de manera permanente, lo que no solo aumentaría el parque de vivienda pública, sino que también ayudaría a frenar el continuo aumento de precios en el mercado privado.
Una problemática histórica
Durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, celebrada este lunes, Gabilondo destacó que el problema de la vivienda tiene raíces profundas. “El aumento de los precios de compra y alquiler supera con creces el crecimiento de los salarios y la capacidad adquisitiva de la población”, advirtió, subrayando que estamos ante un momento de necesidad apremiante.
El Defensor también criticó la escasez del parque público de vivienda y alertó sobre los retrasos en la llegada de ayudas destinadas a aliviar el costo de la vivienda. Este desfase temporal impide que se mitiguen las graves repercusiones sociales derivadas del alza de precios. En este contexto, Gabilondo solicitó a las diferentes Administraciones que compartan información sobre las viviendas de protección oficial, tanto las construidas como las que están en proceso, además de estadísticas sobre las personas que buscan estas soluciones. “Es necesario corregir la falta de información existente”, insistió.
Un panorama complejo
En 2024, la institución que dirige Gabilondo recibió 822 quejas sobre vivienda. Este problema no solo se manifiesta en todas las comunidades autónomas, sino que se agrava en aquellas con mayor población y atractivo turístico, afectando particularmente a grupos vulnerables, como los jóvenes.
Gabilondo recordó que el acceso a una vivienda es un derecho fundamental consagrado en la Constitución española. Por lo tanto, instó a las Administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal, a evitar políticas de corto plazo, ya que la crisis de vivienda es un asunto estructural que requiere soluciones sostenibles y consensuadas.
La prioridad: construcción de viviendas
El primer paso, según Gabilondo, debe ser la creación de viviendas públicas y protegidas para el alquiler, con una calificación inalterable a lo largo del tiempo. Aunque el parque social ha crecido recientemente, del 2,5% al 3,4%, es fundamental que se avance para alcanzar los estándares europeos. El incremento de viviendas destinadas al alquiler turístico ha creado una brecha de desigualdad que afecta el bienestar y la capacidad de ahorro de los hogares de clase media.
En relación con la okupación y fenómenos como la “inquiokupación”, Gabilondo pidió más recursos, tanto materiales como humanos, para el sistema judicial. “Para que la justicia sea efectiva, es imprescindible dotarla de los medios necesarios”.
Por último, el Defensor del Pueblo expresó su creencia en la regulación del mercado inmobiliario. “No creo que la limitación de precios reduzca la oferta”, afirmó al abordar el debate sobre la subvención del acceso a la vivienda. “La solución no reside en un extremo ni en el otro; es fundamental adoptar medidas a corto y largo plazo que satisfagan las necesidades de la población, dentro de un mercado regulado”, concluyó.
Con el enfoque correcto y un esfuerzo coordinado, España puede enfrentar el desafío de la vivienda y garantizar que sea un derecho accesible para todos.
