El BBVA ha decidido retirar su recurso contra las condiciones impuestas por el Gobierno para la opa sobre el Banco Sabadell. Esta decisión llega tras el fracaso de la operación, donde el banco presidido por Carlos Torres notificó al Tribunal Supremo sobre la anulación del recurso el pasado 26 de noviembre. La medida había sido esencial para garantizar la independencia jurídica y patrimonial de ambas entidades durante al menos tres años, plazo que podría ampliarse dos años más.
Impacto de las Condiciones Impuestas
Las condiciones que el Gobierno estableció prohibían al BBVA fusionar las dos entidades, despedir empleados como resultado de la transacción o cerrar oficinas. La propuesta de opa llegó al Gobierno tras ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual incluyó compromisos para proteger el crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) y garantizar la continuidad de servicios en áreas vulnerables.
El análisis por parte de la CNMC se prolongó durante 11 meses, lo que llevó a su revaluación en una segunda fase. Según la interpretación del Gobierno, esto permitía modificar las condiciones iniciales para salvaguardar el interés general. Esta postura fue mal recibida por el BBVA, que consideraba que el papel del Ejecutivo debería limitarse a moderar, no aumentar, los requisitos.
Fracaso de la Opa
Después de un prolongado enfrentamiento de 17 meses, el BBVA solo logró captar un 25% del capital del Sabadell, lo que llevó a la cancelación de la opa el 16 de octubre. En su comunicación al Tribunal Supremo, el banco expresó que la razón principal de su decisión era la ineficacia de la opa, lo que hacía innecesaria la resolución sobre el poder del Consejo de Ministros para endurecer los requisitos de fusión.
Aunque el BBVA sigue cuestionando la legitimidad de la actuación del Ejecutivo, este se ha defendido afirmando que todas las acciones fueron conforme a la normativa nacional. Carlos Cuerpo, Ministro de Economía, ha reiterado que se ajustaron estrictamente a la ley y a las competencias de las instituciones involucradas, argumentando que existen bases legales para imponer condiciones adicionales en favor del interés general.
La Mirada de Europa
A pesar de la retirada del recurso, la cuestión ha llamado la atención de la Comisión Europea, que ha advertido a España sobre la intervención en la opa. Actualmente, Bruselas está llevando a cabo una investigación para determinar si la legislación española infringe tratados europeos. El foco está en la intervención del Gobierno en la revaluación de la CNMC y en la ley de fusiones bancarias, que otorga al Consejo de Ministros la capacidad de prohibir transacciones de este tipo.
En resumen, el desenlace de la opa del BBVA no solo resalta las complejidades del sector bancario, sino que también plantea interrogantes sobre la regulación financiera en el contexto europeo. La saga continúa, y las repercusiones se sentirán en el sector y más allá, en un entorno cada vez más vigilado por las instituciones europeas.
