La Autoridad Fiscal llama a la acción: reformas necesarias para un marco fiscal más efectivo
La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno para llevar a cabo una reforma “integral” del marco fiscal de España. Durante una reciente rueda de prensa, Herrero destacó la necesidad de adaptar nuestra legislación a la nueva normativa europea, que ya está en funcionamiento desde este año. “Hay un amplio margen de mejora”, afirmó, mientras enumeraba las debilidades de un sistema fiscal que se implementó hace más de diez años, en un contexto económico muy diferente al actual, marcado por la crisis de la deuda soberana.
La nueva regla de gasto en el horizonte
El reciente cambio en la legislación europea destaca la regla de gasto como la nueva variable clave en el marco comunitario. Esta regla establece que tanto las comunidades autónomas como los grandes ayuntamientos deben tener objetivos de déficit específicos cada año, en lugar de seguir una única meta general. “El objetivo de estabilidad debe alinearse con la regla de gasto”, remarcó Herrero, lo que sugiere un giro en la política fiscal nacional hacia una mayor precisión.
Desafíos y oportunidades
Los desafíos son múltiples. Durante la pandemia, la Unión Europea suspendió las normas fiscales que imponían límites estrictos al déficit y la deuda de los Estados miembros. Sin embargo, con la vuelta a la normalidad, estas reglas han sido reformadas. La regla de gasto, que determina el crecimiento máximo de los desembolsos públicos, se convierte en el nuevo estándar para asegurar que la deuda pública de los países miembros siga una trayectoria descendente. En el caso de España, se ha establecido un límite de aumento del 3% hasta 2031.
No obstante, el país no ha adaptado aún su legislación a estas nuevas directrices. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que se aprobarán solo dos decretos para alinear las normas españolas con las comunitarias, defendiendo que la regla de gasto nacional es más severa. Sin embargo, según la Autoridad Fiscal, esto no se ha verificado en cada ejercicio. Esta confusión podría llevar a ineficiencias y potenciales incumplimientos, lo que subraya la urgencia de una reforma a fondo que contemple la modificación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria.
La hoja de ruta hasta 2028
A tan solo días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas sus nuevos objetivos de déficit, permitiendo un margen del 0,1% de su PIB entre 2026 y 2028. Sin embargo, la Autoridad Fiscal ha expresado sus dudas respecto a los criterios utilizados para establecer estas metas y ha manifestado que deberían basarse en la regla de gasto.
Como apuntó Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Fiscal, “para algunas comunidades, este objetivo es irrelevante y para otras, inalcanzable”. Esta diversidad en las situational presupuestarias podría complicar aún más el cumplimiento de las metas establecidas.
Recomendaciones para un futuro sostenible
La Autoridad Fiscal sugiere que todos los subsectores de la administración pública, como el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social, presenten planes fiscales estructurales a medio plazo. Este documento, ahora requerido por Bruselas, busca garantizar la sostenibilidad financiera y facilitar un análisis más claro de los balances económicos.
La complejidad de la regla de gasto radica en su papel crucial en la sostenibilidad de las cuentas públicas, ya que estipula el crecimiento máximo del gasto primario neto sin desestabilizar las finanzas. Sin embargo, la discrepancia entre el cálculo nacional y el comunitario podría conducir a diagnósticos divergentes. Mientras que la regla comunitaria considera todas las administraciones, la fórmula española excluye algunos fondos y operaciones no recurrentes.
La crítica de la Autoridad Fiscal también se extiende a las deficiencias del marco fiscal nacional, que exige cumplir múltiples objetivos simultáneamente, pero que a menudo carece de consistencia. Esto reduce la credibilidad de los planes presupuestarios y dificulta el cumplimiento real de las regulaciones.
Retos en el cumplimiento
Los castigos y medidas correctivas previstos en el marco nacional pueden resultar tan rigurosos que se vuelven inaplicables, quedando en meras formalidades burocráticas. Esta ineficacia se ha evidenciado en el bajo cumplimiento de las normas durante los siete años previos. Según el análisis de la Autoridad Fiscal, si se hubieran seguido las reglas, la deuda pública de España habría alcanzado hoy un 69% del PIB, aunque ello habría implicado ajustes aún más severos a las políticas fiscales durante la Gran Recesión.
En resumen, la Autoridad Fiscal urge a la acción: una reforma integral del marco fiscal nacional es imprescindible para adaptarse a las nuevas realidades económicas y a la normativa europea, asegurando así un futuro más sostenible para las finanzas públicas del país.
