Los defraudadores han encontrado en el sistema fiscal español un terreno fértil para sus maniobras, pero ahora la Agencia Tributaria, a través de su cuerpo de élite, ha decidido poner fin a esta situación. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha presentado al Ministerio de Hacienda una propuesta innovadora: «nacionalizar» las competencias de la inspección financiera y tributaria. Este ambicioso plan tiene como principal propósito aumentar la presión sobre quienes eluden sus obligaciones fiscales y fortalecer la cohesión del sistema tributario, evitando la fragmentación territorial que actualmente impera.
Una estructura más eficiente para la inspección fiscal
En el modelo vigente, la inspección se lleva a cabo a nivel autonómico y depende del domicilio fiscal del contribuyente, lo que genera rigideces y desigualdades en el uso de recursos. Los inspectores argumentan que centralizar las competencias permitiría movilizar a los funcionarios donde más se necesita, mejorar la especialización de los equipos y unificar criterios en todo el país. Cabe destacar que la Agencia Tributaria ya cuenta con bases de datos centralizadas, por lo que la limitación territorial responde más a la burocracia que a cuestiones técnicas.
Como explica José María Peláez, portavoz de la IHE, en el pasado las competencias eran provinciales, pero se logró avanzar hacia un modelo regional. «Hoy, buscamos dar un paso más para inspeccionar contribuyentes en otras comunidades», añade. Sin embargo, el proceso actual es engorroso: cada vez que un inspector detecta irregularidades en otras regiones —como facturas falsas—, debe solicitar permiso para investigar, lo que puede llevar a largos plazos e incluso negativas.
Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, subraya cómo los defraudadores suelen elegir ubicaciones con menos supervisión, como ciertas comunidades autónomas. «Las empresas saben que al mudarse a Madrid, donde hay menos inspectores por contribuyente, pueden operar con más impunidad. Por eso es crucial avanzar hacia un control nacionalizado», enfatiza.
Riesgos ante una potencial cesión de competencias
Las propuestas expuestas en un reciente congreso en Salamanca son especialmente relevantes en el contexto de las negociaciones entre el Gobierno y Cataluña. Los inspectores temen que estas conversaciones lleven a una entrega de competencias fiscales a la Generalitat, lo que podría afectar la equidad tributaria entre regiones y la integridad del sistema en su conjunto.
Aseguran que la cesión de la gestión tributaria, incluyendo el IRPF, a la Generalitat, infringe principios constitucionales de igualdad y solidaridad, creando un entorno propicio para el fraude y perjudicando los servicios públicos. En este sentido, proponen la creación de un Estatuto que le otorgue a la Agencia Tributaria autonomía operativa y proteja sus funciones de influencias políticas. Insisten en que su director general debería ser designado por el Parlamento y no por el Ejecutivo, garantizando así una representación técnica adecuada.
Investigan un posible uso indebido de fondos públicos
Desde hace meses, el enfrentamiento entre los inspectores y la iniciativa de financiamiento singular para Cataluña ha crecido en intensidad. La asociación ha alertado sobre el posible uso incorrecto de fondos públicos para establecer una estructura que aún carece de un marco legal sólido y están analizando la posibilidad de una malversación.
Los inspectores mencionan que ya se ha formado un Consejo Asesor del Comisionado y se ha aprobado una norma para alinear la Agencia Tributaria de Cataluña con el nuevo modelo de financiamiento. «Se está gastando dinero público en algo que no existe. Estamos evaluando si esto podría configurar una desviación o malversación de recursos públicos, ya que la legislación definitiva aún no ha sido aprobada,» aseguran, incluso aludiendo a posibles acciones penales.
Consideran que «se está construyendo la casa por el tejado». Antes de hacer modificaciones en la estructura de la agencia catalana, debería definirse y aprobarse el modelo de financiamiento. Además, el malestar se extiende al ámbito laboral, donde los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña sienten creciente presión e incertidumbre. «Nos preocupa la salud mental de los compañeros. No entendemos por qué se protege a algunos trabajadores y se ignora a los de la Administración pública», concluyen.
Con estas iniciativas, la IHE busca transformar el panorama tributario en España, fortaleciendo un sistema que asegure justicia y equidad para todos.
