En un comunicado compartido, las organizaciones expresaron su descontento por el “incumplimiento del compromiso” de AB Azucarera con más de 500 remolacheros que tenían preparadas más de 4.000 hectáreas para la siembra de remolacha. Esta superficie no solo es significativa, sino que también supera lo que la compañía azucarera había solicitado previamente para mantener la recepción de la remolacha y cumplir con sus compromisos agroambientales, que aún tienen dos años por delante.
Este acuerdo fue respaldado por la propia empresa cuando se logró un consenso con la Consejería de Agricultura. A pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía, que ha ofrecido una ayuda adicional de 300 euros por hectárea para incentivar la siembra, Azucarera ya tenía otros planes en mente. En esta dirección, han destacado que la empresa parece dar la espalda al campo andaluz y pretende mantener activa su fábrica en Toro (Zamora), reservando la de Guadalete exclusivamente para el refino de caña de azúcar procedente de terceros países.
Con esta estrategia, Azucarera parece ahorrar más de dos millones de euros por campaña utilizando las ayudas europeas. Esto, a su vez, favorece a los remolacheros del norte de España, mientras que los de Andalucía quedan desprotegidos y sin una alternativa viable en Cádiz y Sevilla.
Las organizaciones agregan que, mientras ABF prosigue con sus negocios como Primark en Jerez, Sevilla y el resto de Andalucía, se niega a aceptar la remolacha de los agricultores locales, pero no duda en beneficiarse del dinero que estos consumidores dejan en sus tiendas. Por lo tanto, han exigido a Azucarera que «rectifique de inmediato» y se siente a negociar de manera honesta y abierta, para garantizar el futuro del cultivo de remolacha en la región.
En caso de no recibir una respuesta favorable, están dispuestos a iniciar una campaña de boicot a Primark, argumentando que si esta empresa no quiere su remolacha, tampoco debe beneficiarse del dinero de los andaluces.
Finalmente, han enfatizado que la remolacha es un cultivo social, con una presencia profunda en regiones como la Campiña de Cádiz y el Bajo Guadalquivir. Su desaparición no solo podría provocar una pérdida productiva importante, sino que también afectaría gravemente al tejido rural, poniendo en riesgo la estabilidad de numerosas familias y la continuidad de las explotaciones agrarias que dependen de esta alternativa en su planificación de cultivos.
