Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, se ha denunciado este incumplimiento por tercer año consecutivo. Según el PP, la presentación de las cuentas públicas no es una opción, sino una obligación constitucional ineludible. Feijóo criticó este martes la falta de acción del Gobierno, afirmando que se ha vuelto a «incumplir el plazo» establecido por la Constitución. Además, señaló que se siguen aplicando las cuentas aprobadas en la legislatura anterior, las cuales fueron respaldadas por una mayoría que ya no representa a las actuales Cortes. “Es un Gobierno paralizado, sin Presupuestos, sin mayoría y sin proyecto”, manifestó en un acto frente a senadores del PP.
Mientras tanto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que el Gobierno está trabajando activamente en la formulación de los PGE. Según Montero, se están llevando a cabo conversaciones con distintos ministerios y grupos parlamentarios para incluir los temas que consideran cruciales para obtener respaldo. Además, la ministra ha destacado que esperan aprobar «en los próximos días» una senda de estabilidad, aunque ha descartado que esto ocurre en el próximo Consejo de Ministros.
Desde ‘Génova’, no se hacen ilusiones sobre las promesas del Gobierno. “No se puede prorrogar lo prorrogado eternamente”, enfatizan, mientras consideran la posibilidad de llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por esta falta de Presupuestos.
Aunque la dirección del PP confirma que «se está considerando» esta opción legal, también expresa que no se ha tomado una decisión definitiva. Una de las alternativas que están sopesando consiste en presentar un nuevo conflicto de atribuciones ante el Constitucional a través del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, tal como han informado diversos medios.
El pasado martes, Feijóo anunció que se promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones debido al «bloqueo sistemático» de leyes aprobadas por el Grupo Popular en el Senado. El presidente del PP sostiene que existe una «perversión del sistema» y un «fraude», argumentando que el jefe del Ejecutivo desea mantener 31 leyes del PP «metidas en un cajón» por miedo a enfrentar más derrotas parlamentarias.
