El malestar se hace evidente en la comunidad de inspectores de Hacienda del Estado, quienes se han declarado en “alerta máxima” ante la negociación de un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Durante su reciente XXXV Congreso en Salamanca, más de 650 miembros de esta prestigiosa agencia expresaron su preocupación, centrando el debate en el controvertido cupo catalán.
Preocupaciones sobre el futuro fiscal
Los inspectores advierten que el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat podría resultar en una cesión de competencias fiscales que amenazaría la igualdad entre regiones y la integridad del sistema tributario español. La presidentesa de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, subrayó en la apertura del congreso: “Vivimos tiempos más que complejos y nos mantenemos en alerta máxima”. Estas declaraciones reflejan el creciente temor de que la Generalitat adquiera más control sobre los impuestos en Cataluña, incluyendo la gestión del IRPF, una de las bases del sistema tributario en España.
El miedo a un sistema tributario paralelo
Si se materializa la cesión de competencias, los inspectores temen que surja una “Agencia Tributaria paralela e independiente”, similar a la de País Vasco y Navarra, donde existe un régimen foral que permite la gestión propia de impuestos. Esta preocupación se intensifica en un contexto donde el Gobierno, liderado por el Ministerio de Hacienda, intenta explorar un modelo de financiación que reconozca las particularidades de Cataluña. Sin embargo, fuentes de Hacienda aclaran que aún no hay un acuerdo definido.
Reformas necesarias en el sistema de financiación
Hacienda busca avanzar en su compromiso multilateral mientras mantiene diálogos bilaterales con la Generalitat. La intención es presentar una reforma integral de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), un sistema que data de 2014 y que necesita urgentemente una actualización. Esta reforma es crucial, dado que afecta los recursos que las comunidades autónomas utilizan para financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las políticas de vivienda.
Un debate que se intensifica
La situación se complica desde que el Parlament catalán aprobó un decreto-ley para adaptar la Agencia Tributaria de Cataluña a este futuro modelo de financiación singular. Los inspectores reaccionaron rápidamente, alertando sobre la creación de una estructura tributaria sin amparo legal. El Govern estima que Cataluña podría aumentar su recaudación de 5.000 millones de euros anuales a 30.000, volviendo esta transición insostenible bajo las condiciones actuales.
Los inspectores basan su oposición en fundamentos prácticos y constitucionales. Un sistema que permita que una comunidad gestione el IRPF podría debilitar el control y aumentar las oportunidades de fraude. Además, temen que esto abra la puerta a que otras regiones hagan reclamos similares, afectando la solidaridad que sostiene el actual modelo de financiación.
Un acuerdo fiscal controvertido
El acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC, que sirvió para la investidura de Salvador Illa como president, contemplaba que Cataluña tendría una relación fiscal bilateral con el Estado. Esto significaría que Cataluña podría recaudar y gestionar impuestos que son de titularidad estatal, saliendo así del régimen común. El traspaso comenzaría con el IRPF a partir del año 2026, lo que intensifica el debate sobre la financiación autonómica y su impacto en la cohesión nacional.
La tensión entre estas negociaciones destaca la complejidad del panorama fiscal en España y plantea interrogantes sobre el futuro de la igualdad interterritorial y la sostenibilidad del sistema tributario.
