El pasado jueves, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua-Consumidores en Acción expresaron sus preocupaciones en el Congreso acerca de la reciente reforma legislativa impulsada por Junts y el Gobierno. Esta normativa obligará a las grandes empresas a ofrecer servicios de atención al cliente en lenguas cooficiales, lo que, según estas organizaciones, podría generar un aumento en los costos que finalmente repercutiría en el consumidor.
Inquietudes en la Comisión de Consumo
Ileana Izverniceanu de la Iglesia, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, junto a Rubén Sánchez García, secretario general de Facua, comparecieron en la Comisión de Consumo y Derechos Sociales. Su objetivo fue compartir sus puntos de vista sobre una ley que ya está en fase de tramitación parlamentaria. La próxima reunión está programada para el 21 de octubre, donde se debatirán enmiendas a la propuesta.
Esta propuesta legal busca eliminar el spam y declarar nulos los contratos firmados tras llamadas comerciales no consentidas. Sin embargo, incluye un apartado que obligará a las empresas con más de 250 empleados, con ingresos superiores a 50 millones de euros, o aquellas que proporcionen servicios de interés general, a ofrecer atención en todas las lenguas cooficiales, independientemente de su ubicación geográfica.
Críticas desde la Oposición
Los representantes del PP y Vox han cuestionado esta iniciativa. Tomás Fernández Ríos, portavoz de Vox, así como los diputados del PP, se mostraron preocupados por las implicaciones económicas de esta medida. Izverniceanu advirtió que esta obligación significaría un costo adicional para las empresas, lo cual podría trasladarse a los consumidores.
Además, la directora de OCU añadió que no cuentan con datos que respalden una demanda popular significativa para ser atendidos en todas las lenguas cooficiales en las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.
Facua Ve Oportunidades y Retos
Desde Facua, Rubén Sánchez adoptó una postura más matizada, afirmando que, aunque no están en contra de la reforma, podría generar algunos efectos negativos, como el aumento de gastos para algunas empresas o la reestructuración de sus áreas de atención al cliente.
Sánchez destacó que varias de las empresas afectadas ya externalizan sus servicios en países como Colombia o Marruecos, donde sería complicado prestar atención en lenguas cooficiales. A pesar de esto, también sugirió que las compañías podrían beneficiarse al crear grupos de trabajo en las comunidades autónomas, lo que podría traducirse en la generación de empleo.
Avisos de la Patronal
Por su parte, José Francisco Rodríguez García, presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), criticó duramente el proyecto legislativo, argumentando que «criminaliza» a las empresas del sector. En su opinión, el preámbulo de la ley sugiere que las empresas carecen de servicios de atención eficaces, lo que califica como un prejuicio hacia el colectivo empresarial español.
Rodríguez también se opuso a que el 95% de las reclamaciones telefónicas sea atendido en menos de tres minutos, argumentando que esta exigencia podría resultar en un drástico incremento de costos y recursos para las empresas. Al final, se mostró firmemente en contra de la propuesta relacionada con las lenguas cooficiales, señalando las dificultades que podría acarrear.
