Una mirada más cercana a la situación revela que este nuevo conflicto es el séptimo que el PP ha promovido en el Senado. Es importante destacar que antes de la actual legislatura, no se habían registrado enfrentamientos de este tipo entre las cámaras.
Con la mayoría que le otorga su posición, el PP logrará que esta propuesta sea adoptada formalmente en la Cámara Alta, que luego lo enviará al Congreso de los Diputados y al Gobierno. Estas dos instituciones tienen un plazo de un mes para responder a la solicitud de conflicto de atribuciones, aunque también pueden optar por no responder. Si esto sucede, o si la respuesta es negativa, el Senado, bajo el control absoluto del PP, podrá llevar el tema al Tribunal Constitucional.
Una Obligación Constitucional
El PP defiende en su mensaje que el Senado no debe tolerar el incumplimiento de la obligación que la Constitución otorga al Gobierno: la responsabilidad de presupuestar. Además, el partido subraya que no pueden aceptar lo que consideran una «práctica fraudulenta» en la modificación presupuestaria sin el consentimiento del Parlamento, especialmente debido a la falta de un proyecto de Presupuestos.
Los dirigentes del PP comparan la situación actual con la de 2020, cuando se prorrogaron los Presupuestos de 2018 por la crisis derivada de la pandemia, alegando que en el próximo año no hay ninguna justificación válida para no presentar los nuevos presupuestos, más allá de la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos políticos necesarios para su aprobación.
Concluyen que no se puede invocar motivos políticos para justificar la falta del cumplimiento de las obligaciones constitucionales, que impide que las Cortes Generales, y en particular el Senado, puedan desempeñar su función adecuada en la elaboración del presupuesto. Este nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el PP y el Gobierno establece un interessante precedente en la política institucional de España.
