Con un capital disponible cercano a 16.000 millones de euros, provenientes de iniciativas como el Perte Chip (10.750 millones de euros), los fondos ‘Spain Audiovisual Hub’ (1.712 millones de euros) y ‘Next Tech’ (4.000 millones de euros), el objetivo es captar inversiones del mercado asiático, considerado el más prometedor en este ámbito.
La SETT no solo busca inyectar capital en empresas nacionales, sino que también está en la búsqueda de “altas aportaciones de capital privado” que faciliten la consolidación de startups digitales en España y la incorporación de tecnologías innovadoras. Hasta ahora, sus inversiones se han limitado a territorios internos, apoyando empresas como la gallega Sparc (17,2 millones de euros), la murciana Quantix Edge (19,6 millones de euros) y la vasca Multiverse (67 millones de euros).
Sin embargo, las ambiciones de la ‘SEPI Digital’ se extienden más allá de nuestras fronteras. En lugar de adquirir participaciones directas en empresas extranjeras, el Gobierno está considerando la creación de vehículos de inversión o asociaciones estratégicas con capital foráneo. Esto es posible gracias a las limitaciones impuestas por el marco legal de la SETT, que restringe inversiones directas a empresas establecidas en España o con un “interés claro” en el país.
Las proyecciones para la inversión internacional se alinean exclusivamente con el fondo ‘Next Tech’, dedicado a la promoción de empresas ‘deep tech’ y de alto impacto. En contraste, los fondos del Perte Chip no están diseñados para operar mediante vehículos de inversión, y el enfoque de ‘Spain Audiovisual Hub’ no se adapta a las transacciones que se están evaluando fuera de nuestras fronteras.
En este nuevo escenario, la ‘SEPI Digital’ se está preparando para dar un salto significativo en sus operaciones. Prueba de ello es la reciente adjudicación de un contrato marco a prestigiosos despachos de abogados, como Auren, Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues y Ramón y Cajal, para brindar apoyo legal en la gestión de los fondos mencionados.
Estas acciones son clave para agilizar la ejecución de proyectos, especialmente tras las recomendaciones de la Comisión Europea en su ‘Informe del Estado de la Década Digital 2025’, donde se indican las dificultades de España para asignar financiación pública al Perte Chip. Bruselas ha instado al Gobierno a acelerar los esfuerzos para que estos recursos lleguen efectivamente a los objetivos previstos.
