Si esta tendencia se mantiene, la OCU estima que el impacto anual de los sobrecostes sería de aproximadamente 28,62 euros para los hogares con PVPC y 26,12 euros para los del mercado libre.
La situación es preocupante, ya que REE ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una revisión urgente de los protocolos para mejorar la seguridad de la red, destacando que la inestabilidad sigue siendo una realidad. Ante este contexto, OCU instó a la CNMC a llevar a cabo un análisis exhaustivo de las causas del apagón y a determinar responsabilidades. Esto no solo ayudaría a entender si las restricciones técnicas son necesarias, sino que también podría facilitar a los afectados la posibilidad de reclamar compensaciones por las interrupciones en el suministro eléctrico.
La OCU es clara: los posibles sobrecostes derivados de esta situación deberían ser asumidos por los responsables, y no por los consumidores. Las compañías eléctricas han solicitado que estos gastos adicionales, estimados en unos 800 millones de euros al año, se clasifiquen como costes regulados de la energía, al igual que los peajes por distribución y transporte. Sin embargo, la OCU se opone a esta idea, argumentando que, sin conocer las causas exactas del apagón, es imposible determinar las modificaciones necesarias en el sistema eléctrico para asegurar un suministro fiable y de calidad.
En este sentido, la asociación apunta que existen múltiples informes sobre el incidente, elaborados tanto por comercializadoras como por operadores de red en Europa. Sin embargo, recalca que la última palabra recae en la CNMC, responsable de supervisar el sistema eléctrico y garantizar su correcto funcionamiento.
