En un reciente comunicado, la ACIE hizo hincapié en la importancia de erradicar las malas prácticas comerciales, pero abogando por un enfoque que potencie la transparencia y la regulación, en lugar de eliminar los canales de comunicación con los consumidores.
Este debate resuena un año después de la Audiencia e Información Pública organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Durante esta instancia, se propuso que «el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario a través del teléfono, a menos que el consumidor lo solicite explícitamente o si la llamada es iniciada por él mismo». Según ACIE, esta normativa podría traducirse, en la práctica, en la prohibición total de las llamadas comerciales en el sector eléctrico.
Julio César Nieto, presidente de ACIE, afirmó que estas llamadas son «un recurso valioso y efectivo para que los usuarios puedan identificar y comparar diferentes ofertas y servicios energéticos». Añadió que, al igual que otros métodos, las llamadas telefónicas tienen sus pros y contras, pero su eliminación significaría un retroceso en la capacidad de elección del usuario.
Por otro lado, ACIE recordó que la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 66.1.b, ya proporciona mecanismos para evitar llamadas no deseadas, lo que asegura la protección del consumidor sin necesidad de imponer restricciones estrictas. Asimismo, la normativa reciente ha fortalecido el control mediante la regulación de un número específico para estas comunicaciones.
Con todo esto, la asociación espera que las fases finales del proceso legislativo del Real Decreto se dirijan a mejorar y adaptar la regulación actual, incorporando las sugerencias realizadas por los diversos actores del sector. Destacaron que es «vital» mantener el uso del canal telefónico para la contratación, tanto con pequeñas y medianas empresas (pymes) como con particulares, siempre que haya un interés legítimo conforme a las directrices establecidas por la autoridad de protección de datos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en junio de 2023.
