La Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto al iniciar un procedimiento de infracción contra España. Esta medida se debe a una sanción económica de 179 millones de euros impuesta hace casi un año a las aerolíneas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. La multa fue por el cobro de suplementos relacionados con el equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para la atención a personas dependientes.
La Razonamiento de Bruselas
Las autoridades comunitarias argumentan que la actual Ley de Navegación Aérea en España limita la capacidad de las aerolíneas para establecer precios. Ante ello, la Comisión ha otorgado un plazo de dos meses a España para abordar las irregularidades señaladas por los servicios de Bruselas.
Este procedimiento se formaliza mediante una carta motivada que abrirá un espacio de diálogo entre Bruselas y Madrid durante dos meses, con el objetivo de alcanzar una solución a las diferencias. Si no se logra una respuesta satisfactoria, la Comisión Europea podría avanzar a una fase más grave: emitir un dictamen motivado donde se fijaría un nuevo plazo para el diálogo.
Consecuencias Potenciales
Si la situación persiste sin resolverse, el caso podría escalar hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), enfrentando así a España a un conflicto legal de gran envergadura. Esto no solo afectaría a las aerolíneas implicadas, sino que también podría tener un impacto más amplio en la regulación del sector aéreo en el país.
Este proceso evidencia la tensión entre las normativas nacionales y las directrices europeas, destacando la importancia de una alineación efectiva para garantizar la competitividad y la protección de los derechos de los consumidores.
